En noviembre pasado, la fiscala Liz Medina, designada para investigar a la jueza de Paz de la ciudad de Luque Norma Ortiz y a otros 18 funcionarios más, presuntamente implicados en otro esquema más de la mafia de los pagarés, fue recusada por uno de los ujieres, por lo que la investigación no está siguiendo su curso normal, debido a que hasta el momento no se resuelve la acción contra la agente.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Paz, quien ya está enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuestas irregularidades. En octubre, la Corte ya le había suspendido, pero con goce de salario base a la magistrada, y ahora ampliaron a suspensión sin goce de sueldo.
Por su parte, en el Ministerio Público, en noviembre del año pasado, asignó a la fiscala Liz Medina para que investigue el presunto esquema dentro del Juzgado de Luque.
Ver más: Suspenden a jueza de Luque, pero Fiscalía sigue sin imputar
La agente Medina, por su parte, analizó que el caso debía ser investigado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, pero el fiscal adjunto Édgar Moreno le volvió a confirmar en el caso. Sin embargo, a días de ser asignada en la causa, la fiscala fue recusada y hasta la fecha sigue pendiente de que se decida si sigue o no en el caso. Mientras tanto, el caso sigue trabado.
Auditoría y las denuncias contra la fiscala
La Corte había iniciado una auditoría, y los resultados fueron alarmantes, ya que se hallaron irregularidades en los juicios que eran tramitados ante el Juzgado de Paz, que serían del mismo esquema de la mafia de los pagarés.
Se había detectado que en muchos expedientes no se habían agregado los mandamientos de intimación de pago y que habría notificaciones voladoras.
Estos antecedentes se remitieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la sospecha de hechos punibles y los miembros del JEM resolvieron enjuiciar de oficio a la jueza de Paz Norma Ortiz.
Ver también: Corte suspende a jueza de Paz de Luque y a funcionarios por supuestas irregularidades en juicios
La jueza Norma Ortiz además ya lleva un largo historial de denuncias en su contra, como el caso de la docente Zila Zárate, quien está inhibida desde hace nueve años y sus bienes podrían ser rematados. La firma Comaco SRL le había demandado a la mujer con un pagaré falso y pese a las pruebas, la magistrada no levanta la inhibición.
Otro caso es el de la docente jubilada María Sánchez, quien tenía 8 embargos en el Juzgado de Luque, pese a residir en Filadelfia. En este caso se comprobó que hubo notificaciones voladoras.
