La Corte Suprema suspendió sin goce de sueldo a la jueza de paz de Luque, Norma Ortiz, quien está enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuestas irregularidades que formarían parte de la mafia de los pagarés, según denuncias de las víctimas. Pese a los graves indicios, el Ministerio Público sigue sin imputar.
En octubre pasado, la Corte ya había suspendido a la jueza, pero con goce de salario, y luego lo resolvieron suspender sin el sueldo base.
Al igual que Norma Ortiz, hay otros 18 funcionarios del Juzgado que están siendo investigados por la Fiscalía y sumariados por la Corte en el caso de pagarés.
La máxima autoridad de la Justicia realizó una auditoría, cuyos resultados filtrados en setiembre fueron alarmantes, ya que se hallaron irregularidades en los juicios que eran tramitados ante el Juzgado de Paz, perjudicando a miles de trabajadores.
Estos antecedentes se remitieron al JEM por la sospecha de hechos punibles, donde se iniciaron enjuiciamientos de oficio. Se había detectado que en muchos expedientes no se habían agregado los mandamientos de intimación de pago y que habría notificaciones voladoras.
INVESTIGACIÓN FISCAL. En noviembre pasado, el fiscal adjunto Édgar Moreno había designado a la fiscala Liz Medina para que investigue el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque, pero hasta la fecha la agente no formuló imputación contra la jueza.
Además, la magistrada Ortiz lleva un largo historial de denuncias en su contra, como el caso de la docente Zila Zárate, quien está inhibida desde hace nueve años y sus bienes podrían ser rematados, todo con un pagarés falso.
Otro caso es la de la docente jubilada María Sánchez, quien tenía 8 embargos en el Juzgado de Luque, pese a residir en Filadelfia, Chaco. En ese caso, se comprobó que hubo notificaciones voladoras.
