10 oct. 2024

Fiscalía consigue prórroga para investigar a Ramón González Daher y a su hijo

La Fiscalía consiguió la prórroga de seis meses que solicitó al Tribunal de Apelación para investigar al empresario Ramón Mario González Daher y a su hijo, Fernando Ramón González Karjallo, por la presunta comisión de usura y lavado de dinero.

Proceso. Ramón González Daher y Fernando González Karjallo en una de las audiencias.

Proceso. Ramón González Daher y Fernando González Karjallo en una de las audiencias.

Foto: Archivo

El juez penal de Garantías, Humberto René Otazú había fijado el 19 de julio como fecha para el requerimiento conclusivo, pero el Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala concedió la prórroga.

El agente fiscal Osmar David Legal Troche, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, había solicitado una prórroga de seis meses para la formulación de la acusación contra Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.

Lea más: Juez ordena enajenación de bienes y embargo de USD 87 millones para Ramón González Daher y su hijo

Esto, debido a la gran cantidad de información relacionada con el caso, como informes bancarios y financieros que guardan relación con los investigados, además de una gran cantidad de documentación que fue analizada tras los allanamientos.

El agente expuso en su pedido que debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) se está trabajando con la mitad de los funcionarios, lo cual dificulta el avance normal de los actos investigados.

Recientemente el juez Humberto Otazú decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes de Ramón González Daher y su hijo, además de un embargo de USD 87 millones.

Entérese más: González Daher consigue su libertad

Ramón González Daher cuenta con 554 inmuebles a su nombre, mientras que su hijo con 87. González Karjallo posee también más de 10 vehículos, entre camiones y camionetas.

Padre e hijo presuntamente mantenían un esquema de préstamos a personas y como garantía se les entregaban cheques precipitados o se les hacía firmar pagarés, con el objetivo de, posteriormente, realizar denuncias en carácter de supuestas víctimas de estafa. Aparentemente, los González Daher llegaron a cobrar intereses del 100% por el dinero que prestaban.

En otra causa, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había iniciado una investigación contra los miembros del clan por evasión, que finalmente terminó en un millonario acuerdo de USD 6.198.816.

Nota relacionada: Levantan embargos y bloqueo de bienes a Ramón González Daher

Los González Daher estuvieron recluidos desde noviembre del año 2019 en la Agrupación Especializada, pero en el mes de mayo pasado recuperaron la libertad.

Más contenido de esta sección
El ministro de Defensa, Óscar González, antes de comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) afirmó que el problema del tráfico de armas se solucionará “con la honestidad de los funcionarios” de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
El último miércoles se confirmó la muerte de Élida Raquel Cardozo, una mujer cuyos familiares habían denunciado un hecho de mala praxis. Perdió la vida tras complicaciones en una intervención quirúrgica por un problema en el ovario, en Itapúa.
Sigue vigente el aviso especial sobre núcleos de tormentas para 13 departamentos del país, con altas posibilidades de fenómenos severos de manera puntual, según Meteorología.
El analista político Camilo Filártiga evaluó la situación que gira en torno a la polémica ley anti-ONG y sostuvo que su aprobación es el resultado de un proceso autoritario que inició con los discursos en la campaña electoral del actual Gobierno.
Un agricultor de la zona de San Juan Bautista, Misiones, denunció en la Fiscalía que a su nombre se cobró la suma G. 170 millones en concepto de indemnización de la ANDE, por la utilización de un sector de su propiedad por donde cruza la línea de 500 kV.
Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, analizó los alcances del proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocida como “ley garrote” o ley anti-ONG.