Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera ampliaron imputación contra la ex titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y otras 14 personas más por el hecho de lesión de confianza, en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Las demás personas procesadas son Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres, Freddy Agustín Careaga Arias, Óscar Adrián Gómez Rodríguez, Rodolfo Benítez Sandoval, Eduardo Miguel Ángel Sánchez López y Plácido Guerrero Rodríguez.
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La lista sigue con Liz Adolfina Chamorro Ferreira, Víctor Ramón Cabañas Fernández, Lorenzo David Silvero Cantero, Édgar Raúl Villalba, Walter Osmar Mendoza Giménez y Adams Javier Ávalos.
La imputación por el supuesto hecho de lesión de confianza también fue presentada contra José Manuel Costa Perdomo, pareja de Patricia Samudio, y Justino Ramón Aveiro, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
Según el acta de imputación, el Ministerio Público corroboró la participación de terceros que colaboraron con el esquema de corrupción pública asentado en Petropar, lo que revela el dolo en el actuar de algunos funcionarios que participaron de todo el proceso de licitación de estas mercaderías.
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Así pues, José Costa Perdomo, en fecha anterior a la licitación convocada por Samudio y antes del inicio del proceso de adjudicación a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), sería la persona que previo a los procesos administrativos, habría coordinado directamente con Víctor Ramón Cabañas Fernández y Liz Adolfina Chamorro Ferreira, dueños de Solumedic SA, la adjudicación de esta empresa que sería la proveedora de mercaderías inexistentes a Petropar.
El acta indicó que de esta manera se convirtió dicho procedimiento de compra pública, llevada a cabo el 18 de marzo pasado en un simple simulacro para lograr el desvío de sumas de dinero del ente en provecho en beneficio de la pareja Costa-Samudio.
“Tal es así que la forma y los tiempos en que se realizaron todos los procesos administrativos para la adquisición de las mercaderías de la empresa Solumedic SA vendrían a afirmar aún más la hipótesis delictiva planteada por esta representación fiscal”, señala el documento.
En ese sentido, la Fiscalía explicó que conforme a la documentación obtenida, se tiene que el pedido de compra de productos sanitarios por vía de excepción por urgencia impostergable, y el cual dispara el inicio del llamado, data de fecha 16 de marzo pasado, del licenciado Roberto Cabrera, cuyo documento se recepciona ante la Unidad Operativa de Contrataciones en fecha 17 de marzo pasado.
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Sin embargo, el dictamen DOC 05/2020 por el cual el director justificó que la contratación se adecua a una de las causales de excepcionalidad, se emite el 17 de marzo pasado, un día después de que en su dependencia le llegue el pedido para la adquisición de dichas mercaderías.
El acta de imputación fiscal sostuvo inclusive que la Resolución PR/PS 184/20, emitida por Samudio y a través de la cual se autoriza el llamado por contratación directa vía excepción, se emitió el 17 de marzo pasado, un día después de que la Dirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente generara el pedido de las mercaderías sea presentado ante la DOC.
“En conclusión, quedó plenamente evidenciado que la operación entre la empresa Solumedic SA y Petropar, respecto al agua tónica en el marco de la emergencia sanitaria, nunca existió en la realidad, lo que robustece aún más la hipótesis fáctica en cuanto a la existencia de un esquema de corrupción pública compuesto por funcionarios infieles en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas”, manifiesta el documento.
El caso
El llamado a licitación para la compra de mascarillas N95 se realizó el pasado 17 de marzo y aunque el costo máximo fijado por Petropar fue de G. 25.000, finalmente se terminó pagando la suma de G. 38.000 por cada una.
El valor total de la operación fue de G. 359.700.000. Dentro de la licitación, también se incluyeron unas 5.000 unidades de agua tónica, además de termómetros a G. 1.700.000.
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La ex titular de Petropar había argumentado que la compra de agua tónica se dio porque, en el momento, se creía que el producto generaba cierto tipo de inmunidad al coronavirus.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía por un grupo de diputados de varios partidos políticos.
Tras el escándalo de las compras, Patricia Samudio presentó su renuncia al cargo.
