Se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del presidente de la República, Santiago Peña; el director de Control Ambiental, Cristian Ferrer, y varias instituciones, por el alto impacto ambiental negativo e irreversible que puede dejar la ampliación de la ruta PY02.
Blanca Orué se encargó de presentar la denuncia, representando también a la Asociación Amigos de Yukyry. Habló de un ecocidio (destrucción grave, de los ecosistemas naturales), que afectaría la cuenca del lago Ypacaraí y el acuífero Patiño, con sus respectivos sistemas de humedales.
Días pasados, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció la inminente ejecución del proyecto ruta PY02-Ypacaraí (tramos 8 al 13) ruta PY02-San Bernardino (tramos 14 y 16), que afectan a Ypacaraí, Itauguá, Areguá, Luque y San Bernardino.
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El proyecto desde un comienzo tuvo mucha oposición de ciudadanos y concejales.
En agosto, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) puso a disposición de la sociedad tan solo ocho días hábiles para que se analice el Estudio y Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), que describe los impactos en las zonas que incluyen bosques, humedales, viviendas, comercios y al propio lago Ypacaraí.
¿Qué dice la denuncia?
Que el proyecto “no fue socializado suficientemente”, y que “afectaría gravemente el cambio de zonificación de los recursos manejados de la cuenca del lago Ypacaraí y el lago mismo, protegido por Ley especial N° 352/94. Además, dicho proyecto afectaría gravemente el patrimonio cultural, histórico y económico de la zona”.
Explicó que cambiaron la zonificación y se hizo en forma unilateral, sin consultar a la ciudadanía ni las leyes. “Totalmente fuera de lugar”, precisó.
Cristhian Ferrer, director de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, aprobó el proyecto en general y luego realizó observaciones, “así que es totalmente incongruente”, afirma Blanca Orué.
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“Ferrer dio una estocada mortal a la cuenca del lago Ypacaraí y al acuífero Patiño, al aconsejar que posteriormente se subsanen las falencias del proyecto. Pretende con la aprobación de seudoimpacto ambiental, la cura posterior sería improductiva. Para ese momento, la metástasis indefectiblemente llevaría a la muerte a los ecosistemas”, concluyó.
Denuncias administrativas
La ciudadana explicó que se evidencian tantas irregularidades de parte del Ministerio del Ambiente, de Obras Públicas, del consorcio Rutas del Este SA (Sacyr), del Banco Mundial, así como del presidente de la República.
“No somos escuchados, no somos tenidos en cuenta la sociedad civil organizada. Ya hemos hecho demasiadas denuncias administrativas, que ya no sabemos hacia dónde irnos”, lamentó.
