El argentino Enrique Ortuoste y el brasileño Arivaldo Domínguez de Queiroz habían sido imputados por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos a la Municipalidad de Asunción en diciembre del 2018.
La jueza Hilda Benítez Vallejo fijó este jueves una fecha para la audiencia preliminar para los dos propietarios de la Empresa Empo y Asociados.
Ambos fueron citados para el próximo 29 de enero, a las 12.00, en el Palacio de Justicia de Asunción.
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El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Ortuoste y Domínguez, bajo el argumento de que los directivos de la firma no participaron de la falsificación y no hubo estafa.
El proceso se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones.
La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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En noviembre del 2019, la fiscala María Elena Álvarez pidió un año más para investigar el caso. Alegó que debido a chicanas de la defensa no se pudo avanzar en varias diligencias.
La Contraloría General de la República también realizó una serie de observaciones por casos de incumplimiento de contrato como la falta de actualización de licencia ambiental sin que el ejecutivo municipal le exija la renovación.
También figura que el Consorcio Empo Ltda. & Asociados realizó cambios en la conformación societaria, durante la ejecución contractual con la Municipalidad de Asunción, sin haber informado de ello y sin pedir la debida autorización a la contratante.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, el actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, once concejales y la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo.
Según la nota de imputación, Ferreiro, en su carácter de intendente municipal de Asunción, junto con Óscar Rodríguez, entonces presidente de la Junta Municipal, además de los concejales, así como de María Laura Schiavo, habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al errar sobre su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a favor de Empo Ltda.
