Esta semana, senadores, diputados y presidentes del PLRA, Patria Querida, Cruzada Nacional y Frente Guasu visitaron la OEA, la ONU, la Embajada de Estados Unidos y el cuerpo diplomático acreditado en el país con un documento en el que denuncian la promulgación de leyes que afectan la participación democrática. Más allá del olor a viejo del método elegido por la dirigencia opositora, la presentación reforzó la percepción de que la ANR aprovecha su hegemonía parlamentaria para llegar a las próximas elecciones con la cancha claramente inclinada a su favor.
Hay motivos para creer que las sucesivas reformas legislativas afectan la pluralidad democrática. En diciembre pasado la mayoría colorada derogó la inscripción automática al padrón electoral. Eso deja sin posibilidades de votar a paraguayos migrantes que ni siquiera pueden renovar su cédula, pues los consulados no están prestando el servicio.
Luego impulsaron la modificación de la figura legal de las concertaciones, prohibiendo que los partidos y movimientos de la oposición utilicen el padrón nacional para las elecciones internas. El cambio, a punto de aprobarse, pese a que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya falló a favor de que se utilice dicho registro, dificultará la conformación de frentes electorales de oposición.
Esta ofensiva para beneficiarse con el cambio de las normas electorales fue una demostración más de la innata vocación colorada por conservar el poder. Su Junta de Gobierno estudió meticulosamente un paquete de medidas que, poco después, fue presentado como proyecto de ley a Diputados, donde lo aprobaron de modo exprés.
Lo hicieron sin escuchar a las ocho comisiones especializadas, sin debatir con la oposición, sin que les interese el dictamen técnico del TSJE y sin ofrecer la oportunidad de que la prensa y la sociedad civil puedan enterarse de las consecuencias de lo decidido.
Lo crea usted o no, la discusión en el plenario solo duró siete minutos. A pocos meses de las municipales de 2026, se proponen cambios en los plazos para la inscripción de candidaturas y en temas que hacen al control del financiamiento político. Hay voces en contra acerca de muchos de estos cambios, pero no hubo tiempo de escucharlas. Ni siquiera leyeron las objeciones del TSJE. Tan apurados estaban que no se dieron cuenta de que modificaron artículos ya derogados de una ley.
El abogado y académico Jorge Silvero sostiene que el deterioro institucional es tan alarmante que los colorados cuidan más las formas dentro de su partido que en el Congreso. Discutieron internamente un proyecto que profundiza las desigualdades estructurales de modo mucho más participativo que lo que permitieron en la propia Cámara de Diputados.
En una época y un continente en los que la confianza en la democracia ha perdido adeptos y los signos autoritarios ganan peso en las sociedades y los Estados, la situación paraguaya merece particular atención. Nuestra fascinación por el autoritarismo nos viene del fondo de nuestra historia y ha tenido, en buena parte de ella, a la ANR como protagonista.
La notable hegemonía colorada en los tres poderes y el talante cartista de ejercer el poder explican ese grave deterioro en la relación entre la mayoría y la minoría parlamentaria. Lo que llaman deriva autoritaria existe, indudablemente. Y, si algo hemos aprendido del pasado, es que menos democracia nunca es la solución. Pero tampoco la mera denuncia simbólica. La oposición tiene que encontrar el discurso y el proyecto que movilicen a una ciudadanía adormecida. De lo contrario, solo observará, impotente, que entrará a jugar el partido en una cancha inclinada.
