El ambicioso proyecto de reforma del transporte público se convirtió en una mochila pesada para el Gobierno. Desde su presentación, la propuesta generó más dudas que certezas en la ciudadanía, la clase política y los empresarios del sector privado.
“Parece más un modelo de negocio, antes que una solución”, expresaba la semana pasada la senadora colorada Lilian Samaniego, al referirse al criticado proyecto sobre el que este martes se realizará una audiencia pública en el Senado.
Las expresiones de la legisladora parecen ser una idea central del pensamiento colectivo sobre esta propuesta. Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte, organismos encargados del proyecto, se insiste sobre la idea de una ley marco que deberá definir cada paso a seguir, mientras se da la ejecución.
La pregunta que muchos se hacen y con la que me siento identificado es, ¿cómo hará el Gobierno para manejar un ambicioso plan que establece tres modelos de negocios (flota, operador, prestador), siendo que con el actual, que solo tiene uno, el servicio es pésimo? Si no se puede administrar bien un sistema obsoleto, ¿cómo se controlará uno moderno?
Un Gobierno que no es capaz de cumplir con sus compromisos con las empresas operadoras y que tiene problemas constantes para cubrir el subsidio, no es el mejor precedente para un plan que pretende captar millonarias inversiones para mejorar el servicio.
Como parte de las más de 1.000.000 de personas que dejaron de utilizar el trasporte público, cansadas de vivir un calvario por el pésimo servicio, estoy convencido de que se requiere de una reforma. Pero también sé que no hay margen de error.
Para que el proyecto presentado por el Ejecutivo tenga éxito no basta con señalar que los países donde el transporte público metropolitano es eficiente, hacen algo parecido a lo que hoy nos propone el Gobierno.
La falta de claridad, ambigüedades, imprecisiones son características de una propuesta que pareciera fue presentada por obligación más que por convicción. Es complejo defender una propuesta cuando esta no es clara ni precisa. Cuando se habla de sus virtudes, pero estas no están contempladas en el texto.
Una audiencia pública sobre la reforma del transporte público celebrada la semana pasada en la Cámara de Diputados evidenció que la confusión es general. Todos los participantes cuestionaron la falta de claridad del documento.
Asimismo, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, resaltó la importancia que tendrá el Consejo Asesor de Transporte Público, integrado por todos los sectores, incluso para definir el precio del pasaje y el modelo de subsidio. Sin embargo, el proyecto señala que sus opiniones no serán vinculantes.
“En ese ámbito se abordará la tarifa que es el punto central de todo. Este Consejo donde estará la sociedad civil. Será un foro con participación también de la universidad. Ahí se hablará sobre el subsidio y el pasaje”, dijo Fernández durante la audiencia en Diputados.
Vicente Cappello, director de Tránsito Asunción, sacó a la luz otro problema. El proyecto de ley avanzó sin dar participación directa a Asunción, que además de ser la capital del país, es el principal Municipio afectado por la propuesta. Desde la Comuna rechazan que todos los recursos generados en torno al sistema propuesto vayan a una caja común desde donde se realizarán los pagos a los actores. Indican que eso reduciría ingresos como en de la publicidad de paradas de Asunción.
Los nuevos troncales, las obras complementarias, el transbordo gratuito, el uso de la tecnología para saber dónde están los buses y los 1.000 buses de los que habla el Gobierno para promocionar la propuesta no aparecen entre los 122 artículos del proyecto de ley. Es decir, hasta ahora, solo una publicidad con letra pequeña ambigua.
