El ex jefe comunal concepcionero, Samuel González Valdez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), compurgará su pena el 18 de julio del 2030, según la resolución del juez de Ejecución, debido a que siempre tuvo medidas alternativas a la prisión, y ahora es la primera vez que estará recluido.
El mismo había sido condenado el 18 de julio del 2022, en juicio oral por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, donde le aplicaron la pena de 5 años de encierro. La resolución fue ratificada por el Tribunal de Apelación Penal, y por la Sala Penal de la Corte.
Sin embargo, a pesar de que la pena quedó firme el año pasado, había presentado una acción de inconstitucionalidad que finalmente fue rechazada in límine, por lo que el expediente llegó al Juzgado de Ejecución que dictó la orden de captura en su contra.
El viernes pasado, el mismo fue detenido por los agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción, en el barrio Santa Rita, de la ciudad de Horqueta, alrededor de las 09:50, en plena vía pública.
El mismo fue derivado a la prisión, y se informó al juez de Ejecución Especializado, Carlos Mendoza de que ya se cumplió con su resolución.
De esta manera, el magistrado finalmente, realizó el cómputo definitivo de su condena. Tendrá por compurgada su sanción penal el 18 de julio del 2030.
Además, el mismo tendrá derecho a solicitar el beneficio de las salidas transitorias el 18 de enero de 2028, cuando cumpla con la mitad de la pena privativa de libertad.
Lea más: Detienen a ex intendente de Arroyito, acusado de lesión de confianza
Finalmente, el mismo tendrá derecho a solicitar su libertad condicional a partir del 18 de octubre de 2028, fecha en que cumplirá las dos terceras partes de la condena.
La condena en juicio
El ex intendente de Arroyito, Samuel González (ANR), fue condenado a la citada pena por los delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos por un perjuicio patrimonial de Gs. 722.600.000.
Fue fallo de las magistradas Yolanda Portillo, Elsa García y Yolanda Morel, que en forma unánime entendieron que se probaron los hechos punibles.
Refirieron que se probó en el juicio que en su administración, entre el 2018 y el 2019, causó un perjuicio de G. 722.600.000, dentro del marco de la construcción de ocho obras para cuya financiación se utilizaron créditos presupuestarios provenientes de los fondos de Fonacide y Royalties de la Municipalidad.
De las ocho obras fiscalizadas por los auditores de la Contraloría, cinco de ellas presentaron serias irregularidades. Además, detectaron la existencia de un eventual esquema, a través del cual, en connivencia funcionarios municipales y contratistas, con su actuar en conjunto causaron el daño patrimonial.
Esto, a través de adjudicaciones para construcciones de obras que, en nunca fueron ejecutadas, o fueron realizadas parcialmente, y justificadas con documentos administrativos que no reflejaron la realidad.
