La causa quedó con el juez de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, Vicente Coronel, que es interinado por su colega Nelson Mercado.
El magistrado debe admitir la imputación planteada con el funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano.
El ahora imputado tiene el cargo de director en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
Dice la imputación que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar la sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray.
Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
Sin embargo, el profesional tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
Según la imputación, el 15 de noviembre de 2021, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Dice el fiscal que Bogarín Campuzano había actuado como abogado litigante en otras causas, por las cuales también percibió honorarios como abogado, sin que expidiese facturas por estos montos, ya que estaba inhabilitado.
Con ello, el agente del Ministerio Público requirió un plazo de seis meses para realizar la investigación pertinente, a más de las medidas alternativas a la prisión.
La denuncia se presentó el 21 de noviembre de 2024 ante el Ministerio Público, por las citadas profesionales del Derecho, lo que fue investigado por el fiscal, que ahora presentó imputación.
Sin embargo, este año, el hoy imputado solicitó al juez Civil que le regulara sus honorarios en la citada sucesión, pese a que ya percibió más de USD 30.000 por sus trabajos, según Ruiz Díaz.
La denunciante explicó que los casos son una derivación de la supuesta estafa a los colonos menonitas. Además que, a más de la prohibición legal, es evidente que Bogarín debía viajar a Santa Rosa del Aguaray, cuando que también debía cumplir con su horario de trabajo en el Poder Legislativo.
De acuerdo con la profesional, José Ljubetic había ido a hablar con los colonos y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
