El pedido se da tras la imputación a una funcionaria de los Registros Públicos que habría hecho desaparecer una inhibición general de gravar y vender de Alexandre Rodrigues Gomes, aunque no hace alusión específica al caso.
El Colegio de Escribanos indica que el comunicado es ante las publicaciones recientes que se refieren a posibles irregularidades en la expedición de un certificado de anotaciones personales y libre disposición de bienes por parte de la Dirección General de Registros Públicos.
Expresa su profunda preocupación institucional por la posible vulnerabilidad del sistema registral que permitió la emisión de documentos públicos con información adulterada o errónea, afectando gravemente la seguridad jurídica de los actos realizados con base en esos datos.
“Que, los Notarios autorizamos instrumentos públicos en base a los certificados e inscripciones emanados por los entes del Estado a cargo, sea por la Dirección General de los Registros Públicos, Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entre otros; confiando en la veracidad de la información oficial porque se tratan de documentos públicos.
Cuando esta información proviene de un sistema falible y permeable, nos coloca en una situación de altísima exposición e inseguridad, tanto para el ejercicio de la función pública Notarial como para los derechos de los ciudadanos, debilitando el sistema jurídico, notarial y registral del país, así como su imagen.”, dice.
Debilita el sistema
“Cuando esta información proviene de un sistema falible y permeable, nos coloca en una situación de altísima exposición e inseguridad, tanto para el ejercicio de la función pública notarial como para los derechos de los ciudadanos, debilitando el sistema jurídico, notarial y registral del país, así como su imagen”, explica.
“En ese sentido, deslindamos toda responsabilidad respecto al contenido de los certificados e inscripciones emitidos por la Dirección General de los Registros Públicos y obtenidos debidamente conforme al procedimiento establecido en las normas y desde las plataformas legalmente autorizadas”, asegura.
“El escribano actúa sobre la base de la información oficial proporcionada por la autoridad competente, en cumplimiento estricto de su deber de legalidad y fe pública, salvo que se demuestre lo contrario”, apunta.
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Acota que valoran que el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos permita detectar y rastrear irregularidades, pero que esto “no lo exime de tal y consideramos indispensable que se adopten medidas preventivas urgentes para evitar que este tipo de situaciones ocurran nuevamente…”.
“Solicitamos respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia la revisión y fortalecimiento integral del sistema registral vigente, mediante implementación de plataformas seguras, a fin de garantizar procesos confiables, con control efectivo de accesos, trazabilidad y resguardo de la integridad de la información registral”, requiere.
Apunta que el sistema registral y a futuro catastral, en la figura del Registro Unificado Nacional, “debe ser confiable, inviolable y transparente para los funcionarios que lo operan, para los escribanos que lo utilizan, y para los ciudadanos que confían en él como soporte de sus derechos”.
El Colegio de Escribanos finalmente se reafirma en su compromiso con la legalidad, la fe pública y la seguridad jurídica, y exhorta a las autoridades a tomar medidas inmediatas y estructurales para restaurar la confianza en el sistema registral paraguayo.
