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Diputados inician sesión extraordinaria para tratar juicio político contra Abdo

A pocas horas de entregarse el libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, la Cámara de Diputados inició una sesión extraordinaria para tratar el juicio político al primero y al segundo del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados inició cerca de las 14.30 de este miércoles una sesión extraordinaria para tratar el libelo acusatorio contra el presidente, Mario Abdo Benítez, y su vice, Hugo Velázquez.

El pedido de juicio político se trata a apenas unas horas de entregarse el libelo acusatorio presentado por la multibancada del Partido Liberal Radical (PLRA) con apoyo de otros diputados opositores.

Normalmente, tras la presentación de los libelos se debían estudiar las acusaciones primero en comisiones, sin embargo para acelerar el proceso el pleno deberá convertirse en comisión y dar el dictamen para definir por la aprobación o rechazo del juicio político.

Para darse trámite al juicio político se necesitan 53 votos de diputados, de los cuales se cuentan confirmados 37.

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Tensión entre Bachi y Celeste Amarilla antes de iniciar

Antes de iniciar el tratamiento se discutió sobre el procedimiento para tratar el libelo acusatorio, para ello la diputada Celeste Amarilla pidió hablar sin límite de tiempo para leer los argumentos. Esto fue apoyado por la legisladora Kattya González, quién pidió que el tiempo se ilimitado para todos.

Sin embargo, estuvo en contra el diputado Basilio Núñez, quien pidió regirse por los tiempos establecidos dentro del reglamento interno atendiendo al tiempo que se podía extender la sesión y que esto era en contra de las medidas sanitarias.

Amarilla criticó que se pretenda evitar darse el debido análisis al libelo y acusó de que las bancadas coloradas ya negociaron con el presidente Abdo para salvarlo.

Esto molestó más a Bachi, quien acusó a Amarilla de ser ella la que realiza negociaciones para comprar su banca e incluso le insinuó que fue ella la involucrada en mal uso de recursos para la merienda escolar. Ante esto tuvo que intervenir el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, para calmar las aguas.

Finalmente, por 35 votos contra 31 se decidió que solo Amarilla y González serían las que tendrían tiempo ilimitado para leer el libelo acusatorio.

Acusaciones contra Abdo y Velázquez

Entre los fundamentos que se contemplan en el libelo acusatorio contra el presidente, por mal desempeño de funciones, figuran: ineptitud en el manejo de la pandemia, compra tardía de vacunas por el mecanismo Covax y otras vías, negociado con los insumos y camas provenientes de China, falta de medicamentos en los hospitales y ventas irregulares al Estado.

Dentro del documentó también se dio a conocer que de forma errada en octubre del año pasado, el Ministerio de Salud, a cargo de Julio Mazzoleni, transfirió USD 6.850.615 a The Vaccine Alliance GAVI (Alianza para las vacunas, fundación de Bill Gates), para asegurar las vacunas anti-Covid-19 a países pobres.

En él se da cuenta que la OPS/OMS comunicó al Paraguay, tiempo después, que el dinero debía ser transferido a la cuenta de la OPS/OMS y no a la Fundación GAVI. Es decir, el Gobierno transfirió a otra cuenta, por lo que se iniciaron las gestiones para recuperar el dinero y reenviarlo a la OPS/OMS.

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Posteriormente, el representante en Paraguay de la OPS/OMS, Roberto Escoto, informó que para el inicio de las entregas se debía realizar otra transferencia de USD 2.800.000, dinero que fue enviado nuevamente a la cuenta de GAVI.

En cuanto a los causales para el vicepresidente, se detallan la participación activa en actos de traición a la patria materializados con la suscripción del acta secreta de Itaipú de fecha 24 de mayo de 2019; incumplimiento grave de los deberes y atribuciones constitucionales establecidos para el vicepresidente de la República en el artículo 239 inc. c) de la Constitución Nacional.

También se cuestionan mentiras deliberadas y reiteradas a la ciudadanía, al Congreso Nacional y a las fuerzas vivas de la sociedad al prometer supuestas reformas del Estado que nunca impulsó ni lideró como se comprometió a hacerlo; y uso indebido de recursos públicos para proselitismo político.

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