En el marco de la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, señaló que este año, nuevamente, tienen como pedido central que se incluya un reajuste salarial para una gran cantidad de funcionarios que no alcanzan siquiera el salario mínimo, una reivindicación del sector desde hace 16 años.
Según detalló, hasta el año pasado eran 4.800 los afectados, pero con el nuevo reajuste de 5% durante este 2026, ese número trepó a 6.000, es decir, un crecimiento de hasta el 25% en un solo periodo.
Afirmó, sin embargo, que desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya les confirmaron que el pedido sí estará incluido en el presupuesto que se presentará al Congreso Nacional, por lo que se mostró más optimista que años anteriores.
No obstante, como esto finalmente tampoco les garantiza que se les otorgue el aumento, adelantó que prevén manifestaciones desde setiembre, como medida de fuerza para exigir su aprobación.
“Ya tuvimos una reunión con la Comisión de Presupuestos de la CSJ hace 15 días donde nos confirmaron que será incluido el pedido. Ahora nosotros acordamos no esperar a noviembre o diciembre para hacer movilizaciones, porque son 16 años en que los funcionarios judiciales no tienen reajuste salarial. Lo importante es que acordamos que la Corte va a incluir dentro de su presupuesto y de ahí ya va a ser el trabajo del sindicato con los funcionarios luchar y reclamar eso en el Congreso”, afirmó. Los funcionarios judiciales también plantean un aumento salarial de entre 10% y 15% en general.
Para el PGN 2026, la Corte había presentado un proyecto que contemplaba un aumento del 34% con relación al presupuesto vigente o aprobado en 2025 e incluso superaba en 22% a la asignación que el Poder Ejecutivo había previsto para ese ejercicio.
El objetivo del incremento fue cubrir la creación de más de 600 nuevos cargos en la CSJ, así como los servicios personales o salarios.
Sin embargo, en el Congreso Nacional decidieron dejar sin efecto los cambios y el presupuesto del Poder Judicial quedó establecido en unos G. 1,9 billones, equivalentes a USD 314,2 millones al tipo de cambio actual.
Porfiria Ocholasky también había anunciado que pedirán la incorporación de contratados judiciales al régimen de jubilaciones de la Caja Fiscal, como ya se está dando con los empleados públicos del Poder Ejecutivo.
Calificó como un beneficio importante para los funcionarios, independientemente del descuento que pueda significar para ellos, ya que con esta medida podrán acceder a la jubilación antes y no a una edad avanzada como ocurre en la actualidad.
- 1,5 por ciento es el déficit fiscal proyectado para 2027, pero expertos señalan que no se alcanzará.
Alertan de riesgos para la inversión pública el próximo año
Para los economistas Fernando Masi, Luis Rojas y Rodrigo Ibarrola, el año siguiente no se espera un escenario diferente a la crisis fiscal o al “desbalance” que se arrastra desde 2025, principalmente como consecuencia de las deudas a proveedores y los recursos insuficientes para cubrir las demandas.
Coinciden en que el déficit fiscal en 2025 fue del 4% y no del 2% como se reportó oficialmente, por lo que también dudan de que este año se pueda alcanzar el 1,5% del producto interno bruto (PIB) como proyectaba el Gobierno. Señalan que el principal problema estructural del Estado es la falta de ingresos y que la situación comprometerá especialmente a la inversión pública. Recomiendan transparentar las cuentas fiscales, contener el crecimiento del gasto rígido, mejorar la calidad del gasto y elevar la presión tributaria.
