La tensión política escala debido a que el Gobierno Nacional mantiene oculto el informe final que el interventor Carlos Pereira presentó al Ministerio del Interior sobre la Municipalidad de Asunción. Un grupo de diputados exigen ahora que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, convoque de urgencia a Enrique Riera.
La nota fue firmada por los diputados del tercer espacio Raúl Benítez, Johanna Ortega, Leidy Galeano y Guillermo Rodríguez, y el pedido específico es que el ministro del Interior se presente ante la Mesa Directiva con la copia de los documentos completos.
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Paralelamente, los diputados solicitaron un pedido de informe al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República para que sea remitida la documentación por la vía constitucional legislativa. “¡Dejen de sentarse encima del dictamen!”, reclamó Benítez.
La presión sobre el oficialismo aumenta no solo porque Santiago Peña tiene en su poder el informe final sin hacerlo público –a diferencia del proceder con Miguel Prieto, que fue veloz y terminó en su destitución–, sino también porque la renuncia de Nenecho presenta indicios de irregularidad.
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Esto motiva a la oposición a sentar la postura de que la intervención debe ser tratada para decidir la destitución, porque la renuncia no estaría firme. La ley municipal exige la firma de un escribano público o un juez de Paz, lo que no se cumplió en el documento entregado por Nenecho. Además, la Junta Municipal no lo recibió aún dentro de los tres días hábiles, plazo que se vence el miércoles, para que quede firme, en una sesión.
El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentó su informe final al Ministerio del Interior el pasado viernes 22 de agosto, que consta de 45 biblioratos y un pendrive. El ministro Enrique Riera cumplió con el trámite de derivarlo al Gabinete Civil de la Presidencia, pero el documento se frenó en esa instancia.
El abogado Ezequiel Santagada hizo un pedido de información pública para acceder al dictamen de Pereira, pero todavía no hay respuesta. Advirtió que si el documento sigue oculto o se “retacea”, recurrirá a una acción de amparo de acceso a la información.