La tensión ante la opacidad con la que el Gobierno Nacional está manejando la intervención de la Municipalidad de Asunción aumenta con el paso de las horas. Desde la oposición, exigen su publicación y su remisión a la Cámara de Diputados, en tanto que referentes de la sociedad civil advierten con un amparo judicial para que se haga público.
El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentó su informe final al Ministerio del Interior el pasado viernes 22 de agosto, que consta de 45 biblioratos y un pendrive. El ministro Enrique Riera cumplió con el trámite de derivarlo al Gabinete Civil de la Presidencia, pero el documento se frenó en esa instancia.
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El abogado Ezequiel Santagada hizo un pedido de información pública para acceder al dictamen de Pereira, pero todavía no hay respuesta. Advirtió que si el documento sigue oculto o se “retacea”, recurrirá a una acción de amparo de acceso a la información.
La postura de varios referentes de la oposición –como la de la diputada de País Solidario Johanna Ortega– es que la renuncia de Nenecho es irregular y no está firme; por tanto, debe tratarse su destitución en Diputados, por lo que exigen que, como se hizo con Miguel Prieto, en un proceso acelerado, también el Ejecutivo cumpla con remitir el documento a la Cámara.
“La ley es clara, la renuncia de Nenecho no ha quedado firme aún y encima, aparentemente, no reúne los requisitos legales, por lo que ni sería válida. La intervención debe seguir su trámite”, expuso Johanna.
Esto se debe a que, según indicaron, la renuncia del ex intendente de Asunción no cumplió con los requisitos según la ley municipal, tener la firma de un escribano público o un juez de Paz, además de que la Junta Municipal no recibió el documento dentro de los tres días hábiles para que quede firme, en sesión.
La senadora liberal Celeste Amarilla indicó también que si no se cumplen esos trámites, la renuncia de Nenecho es nula.
Sobre Nenecho pesan varias denuncias penales y una investigación abierta por parte de la Fiscalía, pero la oposición cree que podría ir rumbo a la impunidad.
El cartismo hizo gran diferencia en el trato con la intervención del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuyo informe final fue tratado velozmente en Diputados y se decidió la destitución.
En el caso de Asunción, el oficialismo acordó la renuncia para evitar elecciones y arriesgarse a una victoria de alguien de la oposición que podría exponer las irregularidades de la gestión municipal; en este caso, Kattya González, que era la candidata de consenso para esta etapa.
Mientras se oculta el informe de intervención, los 15 concejales colorados negocian la votación, que sería para que Luis Bello complete el periodo hasta el 2026. Se habla además de un pacto para dejar impune el caso.
