El pleno de la Cámara Baja estudió este martes el proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Político y aprobó la versión que estaba avalada por las dos bancadas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La propuesta de este sector no incluye la trazabilidad de fondos de las campañas electorales desde las internas partidarias ni que cada candidato presente su rendición de cuentas, como sí estaba en el proyecto original presentado por la patriaqueridista Rocío Vallejo.
Con 37 votos a favor sobre 27 en contra, los colorados se impusieron para que solo los movimientos y partidos lleven los registros de las campañas electorales. También lograron que la Seprelad no tenga intervención en los controles a los políticos.
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En el proyecto planteado por Vallejo se incorporaba a los partidos y movimientos políticos como sujetos obligados, conforme a la Ley, a prevenir la utilización de la actividad política como vía para lavar dinero.
Es así como la propuesta de la multibancada –integrada incluso por el sector efrainista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)– quedó truncada por los diputados colorados cartistas y abdistas.
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Los diputados sesionaron en forma extraordinaria atendiendo que todavía continúa el receso parlamentario. El documento ahora pasa a instancia de la Cámara de Senadores.
Para que la normativa entre en vigencia en las próximas Elecciones Municipales debe ser sancionada con una fecha tope del 7 de marzo, según habían indicado desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Cuentas bancarias
Otro punto largamente debatido por los parlamentarios fue la apertura de cuentas bancarias. Sobre el punto, el diputado cartista Basilio Núñez cuestionó que implicaría una gran dificultad para las internas e insistió en que el proyecto era “inconstitucional, inviable e inaplicable”.
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Sin embargo, Rocío Vallejo propuso en su iniciativa que los candidatos hicieran rendición de los fondos con cuentas bancarias y RUC del partido o movimiento al que perteneciera.
Al respecto, la Asociación de Banco del Paraguay (Asoban) había expresado su preocupación, manifestando que no tenía “viabilidad operativa”, debido a que la apertura de un número significativo de cuentas representaría riesgos que no podrían ser mitigados adecuadamente por las entidades bancarias.
