La activista social y abogada María Esther Roa remitió una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, en la que detalla minuciosamente los peligros que representaría volver a otorgar el voto secreto a los ministros del máximo tribunal de la República, para la elección de las autoridades de la Corte, así como el eliminar el límite de dos años de mandato en las superintendencias de circunscripciones departamentales.
De acuerdo con la observación de Roa, “la reforma propuesta elimina este límite legal, estableciendo que “el periodo y la permanencia” serán determinados por acordadas o reglamentos internos de la propia Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 259, numerales 1 y 2, de la Constitución Nacional.
“Esta modificación otorga una amplia discrecionalidad a la Corte Suprema, eliminando un límite temporal expreso garantizado por ley y abriendo la posibilidad de permanencias indefinidas que favorece la corrupción, esto debilita la seguridad jurídica y el principio de limitación del poder”, señala la nota.
Advierte que de tomar dicha prerrogativa, el Congreso estaría cruzando una delgada línea que garantiza la división de los poderes.
“Desde una perspectiva constitucional, es una forma de autodelegación impropia de potestades reglamentarias y un retroceso institucional, al permitir que una cuestión de estructura orgánica y estabilidad del Poder Judicial se determine internamente en lugar de tener rango legal”, dice.
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“Los proyectistas, al referirse al artículo 259 de la Constitución Nacional, lo utilizan para justificar la potestad de la Corte de dictar su propio reglamento interno, pero este artículo constitucional no debería ser invocado para eliminar límites temporales esenciales que deben ser de rango legal”, prosigue el documento.
Insiste además que la modificación que plantea el documento a tratarse en el Senado, “resulta incompatible con el espíritu de la Constitución Nacional, particularmente con los artículos 1°, 3° y 28º, pilares de la República que garantizan un Estado Social de Derecho, la soberanía popular y el acceso a la información pública”, fundamenta la misiva.
Del mismo modo, para Roa la figura de retorno al voto secreto por parte de ministros nos retrotrae al pasado en el que los máximos jueces juzgaban de espaldas al pueblo.
“La modificación de la Ley Nº 7058/2023, que introduce el voto a viva voz y la rotación en la presidencia de las circunscripciones judiciales, responde a la necesidad de desmontar prácticas históricas que han socavado la transparencia... Durante décadas, el voto secreto fue utilizado como herramienta de manipulación política, permitiendo que las decisiones sobre autoridades judiciales se tomaran fuera del ámbito institucional, bajo la influencia directa del gobierno de turno”, sostiene.
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A todo esto, agrega que la extensión de mandatos en las distintas circunscripciones, convertirá a cada una de las superintendencias en verdaderos feudos.
“A su vez, la falta de rotación en las presidencias de circunscripciones ha consolidado verdaderos feudos judiciales, donde los superintendentes perpetuados en el cargo operan en connivencia con magistrados para direccionar causas sensibles. Un ejemplo paradigmático de esta dinámica fue el mensaje de WhatsApp atribuido a Lalo (Gomes), que reveló cómo jueces, fiscales y ministros articulaban acciones en favor del crimen organizado, evidenciando la urgencia de reformas que garanticen control ciudadano, transparencia y rendición de cuentas”, detalla el pedido.
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Instan al rechazo
Roa advirtió que los que voten por la modificación estarán respaldando la corrupción e incluso la impunidad con el crimen organizado.
“En este contexto, los senadores que acompañen con su voto la modificación de la ley deben saber que estarán respaldando un sistema que hoy pone en duda la independencia del Poder Judicial y, por sobre todo, estarán colaborando con el fortalecimiento de superintendencias que durante décadas han sido esperadas por el crimen organizado como espacios de impunidad, en detrimento del control ciudadano, la transparencia institucional y el derecho de la ciudadanía a una Justicia imparcial”, dice la nota de la abogada.
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“Por todo lo expuesto, solicitamos al Senado de la Nación el rechazo del proyecto de ley, a fin de preservar los avances logrados en materia de transparencia, publicidad, periodicidad y control institucional del Poder Judicial, esenciales para la consolidación de la democracia en la República del Paraguay”, finaliza.
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Cabe recordar que el proyecto se tratará en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación, en lo que respecta a otorgar la extensión de mandato de las autoridades de la Corte en las superintendencias de las circunscripciones departamentales.
