La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en las cinco licitaciones del Congreso Nacional que serán financiadas por una donación de USD 8 millones del Gobierno de China (Taiwán).
“En conclusión, los antecedentes remitidos resultan suficientes para acreditar la coherencia técnica, la validez jurídica y la trazabilidad administrativa del proceso, cumpliéndose con los requerimientos formulados en la nota CGR 5552/2025. No se observan vacíos legales ni deficiencias documentales y las actuaciones se encuentran ajustadas a los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en la gestión de los recursos de cooperación internacional”, reza parte del documento.
El informe señala que los estudios de mercado y precios referenciales adjuntos, complementados con las estructuras de análisis económicos incorporadas en los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), demuestran que se efectuó un relevamiento de mercado previo, garantizando la razonabilidad de los valores utilizados.
“Asimismo se verificó la existencia de mecanismos internos y externos de control en los que intervienen la AII del Congreso, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), el Comité de Evaluación, la FIUNA como fiscalización técnica y el cooperante internacional constituyendo un esquema transparente”, reza el documento.
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También señalan que los antecedentes contenidos acreditan la validez jurídica y administrativa de la donación, confirmando que el Congreso Nacional actuó en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, asegurando la exoneración tributaria, la conformación de la UEP y la reglamentación interna de los procedimientos.
“En cuanto al financiamiento se estableció que la cooperación total asciende a USD 8 millones, de los cuales, la Etapa 1 por USD 3 millones se encuentra en ejecución a través de cinco licitaciones independientes, cuyos cronogramas y métricas están definidos en los PBC”, refieren.
CONTEXTO
La CGR, mediante la Nota N° 5552 con fecha 30 de setiembre de 2025, pidió al Congreso un informe detallado y documentación que justifique la gestión de los USD 8.000.000 del proyecto de infraestructura financiado por Taiwán.
Esta nota surgió de un pedido de Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso, tras el escándalo de los audios de la senadora destituida Norma Aquino, alias Yamy Nal, en los que hablaba de la repartija de estos fondos entre unos cinco senadores.
El requerimiento de la CGR, firmado por el subcontralor general, Augusto José Félix Paiva, se centra en la necesidad de verificar la transparencia de los procesos de contratación, especialmente porque estos fueron exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas.
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La Contraloría solicitó una serie de documentos y justificaciones que ponen la lupa sobre cómo se manejarán los USD 8.000.000.
ASPECTOS LLAMATIVOS
Uno de los aspectos llamativos de estos procesos de compras públicas es que el Congreso estableció muy pocos días entre la publicación y la apertura de las ofertas. En todos los casos solo existen ocho días de diferencia entre la publicación y la apertura. De esta manera, los oferentes interesados tienen muy pocos días para la preparación de sus ofertas. A esto se suma que el periodo para hacer consultas solo duraba entre 3 y 6 días.
Por ejemplo, en el caso de la primera licitación, denominada “Modernización de Redes”, los plazos fueron extremadamente cortos y restrictivos.
La publicación del pliego se produjo el 1 de setiembre; la apertura de ofertas, el 9 de setiembre, lo que representó solo 8 días de preparación para las empresas interesadas.
Por otra parte, las consultas al pliego se podrían realizar solo hasta el 8 de setiembre, pero las respuestas a las consultas se publicaron recién ese mismo día a las 20:00, lo que dejó sin el margen ínfimo para que los oferentes puedan cumplir con las ofertas antes de la apertura que se produjo al día siguiente. Con esto existen indicios de que este llamado, y los otros cuatro, que tienen la misma particularidad, estén direccionados a ciertas empresas al restringir o limitar la participación de la mayor cantidad de oferentes interesados.
Otro aspecto llamativo es que el Congreso de la Nación solo compartió con la DNCP documentos relacionados con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). No obstante, no hay nada relacionado con los Antecedentes para la Estimación de Costos, un documento clave para saber qué se va a comprar y por cuánto dinero.
