El Ministerio Público, representado por las agentes Patricia Sánchez y Luz Guerrero, apeló la resolución del juez Miguel Palacios que sobreseyó definitivamente a Hernán Rivas, senador cartista, en la causa por la supuesta producción de documentos falsos.
Las magistradas afirman que el juez incurrió a un “error de juicio” para emitir el sobreseimiento al contabilizar como punto de partida del caso la expedición del título y el certificado de estudios de Rivas, emitidos por la Universidad Sudamericana.
Para las fiscales debía tomarse como punto de partida los actos públicos que derivaron de la emisión de estos documentos.
Las mismas afirman que esos documentos son de carácter privado y no constituyen el elemento central del tipo penal investigado.
En concreto, el juez sobreseyó al legislador del caso por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. No obstante, sí admitió la acusación que guarda relación al uso de documentos públicos de contenido falso.
De esta manera se atenúa la pena que el legislador podría recibir hasta un máximo de tres años de cárcel.
MÁS DATOS. El pasado 10 de octubre, concluyó la audiencia preliminar para el senador Hernán Rivas, quien se abstuvo de declarar. En esa oportunidad, el caso fue elevado a un juicio oral y público.
Rivas fue acusado por contar con certificado de estudios y un título presuntamente falso de abogado, que había presentado ante la Cámara de Diputados, primero, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y después ante la Corte Suprema, para jurar como profesional del Derecho.
Finalmente, los documentos fueron utilizados en la Cámara de Senadores para integrar también el Jurado, donde llegó a la presidencia, cuando fue investigado por el supuesto título apócrifo.
Según la Fiscalía, no hay constancia en registros públicos del certificado de estudios ni del título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana.
Por su parte, la defensa planteó la prescripción del caso, teniendo en cuenta que tanto la producción como el uso de los documentos públicos de contenido falso tienen pena de 3 años de cárcel, con lo que la prescripción se da a los 3 años.
De acuerdo a los abogados de Rivas, Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, los hechos descriptos por la Fiscalía ocurrieron en el 2020, con lo que ya prescribieron en el 2023, por lo que están prescriptos.
ACUSACIÓN FISCAL. La acusación fiscal se basa en tres elementos; La designación de Rivas como representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el 3 de julio del 2020. La obtención de su matrícula y juramento como abogado ante la Corte Suprema de Justicia, el 7 de julio del 2021 y su designación como representante del Senado ante el JEM el 6 de julio del 2023.
