Excluir a las personas defensoras de derechos humanos del proyecto de ley de protección que se estudia en el Congreso sería un gran retroceso, es lo que señala Dante Leguizamón, hijo del asesinado Santiago Leguizamón y director de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
El abogado hizo referencia al proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que está en el Senado y que fue postergada para la sesión del 29 de octubre, porque el oficialismo quiere hacer modificaciones.
El senador Basilio Núñez dijo que en la bancada de Honor Colorado realizarán los cambios relacionados con excluir a las personas defensoras y elaborar una ley solo para trabajadores de prensa, pero además existe una intención de eliminar la creación del mecanismo que dispone el proyecto actual, que tiene la función de garantizar la protección.
El defensor advierte que con la exclusión se estaría incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado paraguayo en el caso Santiago Leguizamón crear una ley que incluya a ambos sectores.
En segundo lugar, Leguizamón indicó que la jurisprudencia y experiencia internacional de protección ha establecido y desarrollado estrategias conjuntas para ambos colectivos, tanto para personas defensoras como para periodistas, como son los casos de México y Colombia, porque las amenazas a sus vidas vienen del mismo lugar.
“Las personas defensoras que luchan por sus derechos, muchas veces están en situaciones de riesgo similares a las que viven los y las periodistas, porque muchísimas veces las amenazas y las agresiones vienen de los mismos grupos, uno, porque los evidencian, y otros, porque les limitan, denuncian y visibilizan”, manifestó.
Sostuvo que los ámbitos son similares porque ambos sectores exponen violaciones de derechos humanos o denuncias de corrupción.
Por otro lado, aclaró que una persona defensora puede ser también un empleado público que requiera protección, como un fiscal o un juez que esté siendo amenazado por el crimen organizado por su trabajo.
“Sacar la palabra persona defensora sería un gran retroceso para el mecanismo, sería una oportunidad perdida para establecer medidas de protección hacia personas defensoras, además de no cumplir con la sentencia e ir en contra de toda la tendencia internacional de los derechos humanos”, subrayó.
El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, considera que el oficialismo podría hacer cambios que hagan inaplicable la normativa y les responsabilizó de la inseguridad de los trabajadores.
