El diputado Raúl Latorre, quien preside la Comisión de Justicia, Trabajo y Prevención Social, expresó a Última Hora que la visita del ministro del Interior, Euclides Acevedo, se dio con el objetivo de realizar un trabajo interinstitucional para combatir la inseguridad.
Asimismo, anunció que se trabajará en la reglamentación de la Ley 6509, que modifica el artículo 7 de la Ley 5016/2014 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (conocida como ley antimotochorros), promulgada en el mes de abril de este año, y que el tiempo estimado de trabajo es de un mes.
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En ese sentido, explicó que la función principal de la ley antimotochorros es darle atribuciones a la Policía Nacional para que pueda controlar el uso de los cascos y los chalecos reflectivos, además de que el biciclo tenga la chapa correspondiente y la numeración coincida con la del chaleco y el casco.
Latorre señaló que la ley cumplirá una doble función, ya que al fortalecer el control del casco protector con la Policía Nacional, también se aliviará al sistema de Salud, que recibe constantemente pacientes graves como producto de accidentes que involucran a vehículos de dos ruedas.
El legislador contó que mantuvo una conversación este lunes con el director del Hospital de Trauma, quien le manifestó que se encuentran abarrotados de pacientes, quienes en su mayoría no tenían casco a la hora del percance.
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De igual manera, detalló que la Policía Nacional seguirá sin atribuciones para controlar registros y habilitación, pero sí podrá seguir controlando la cédula verde y la cédula de identidad, sumado al uso de cascos y chalecos.
En caso de faltas, se labrará acta y se remitirá a la autoridad de aplicación, que es la Agencia Nacional de Tránsito para las multas correspondientes.
Finalmente, mencionó que también realizarán una visita al Sistema 911 para visualizar el funcionamiento del sistema de cámaras y de monitoreo y evaluar iniciativas que se puedan plantear desde el Poder Legislativo para el fortalecimiento de las herramientas.
El ministro del Interior manifestó que con la ley se quiere incorporar la participación de la Policía Nacional no solo en la persecución y captura del motochorro, sino también en el trabajo interinstitucional con otras fuerzas, como las municipales y la Patrulla Caminera.
“Estamos obligados a tener el instrumento legal de persecución y castigo de este tipo de delitos, porque el motochorro perjudica siempre al trabajador, al estudiante, al dependiente, nunca al ganadero, al banquero, al rico. El Estado está obligado a defender a los sectores más vulnerables”, remarcó el titular de la cartera de Interior.
