La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) junto con las organizaciones campesinas e indígenas advierten que el proyecto de modificación del Estatuto Agrario que presentó el Gobierno propicia la venta y la concentración de las tierras fiscales, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Como deuda histórica del Estado, la Codehupy destaca que la reforma agraria es un mandato constitucional que no se ha cumplido. En ese sentido, menciona que los medianos y grandes productores representan apenas el 7,3 % del total, pero concentran el 93,7 % de las tierras cultivadas. En contraste, la agricultura campesina representa el 92,7 % de los productores y ocupa apenas el 6,3 % de esa superficie.
“Esta profunda desigualdad exige fortalecer las políticas de acceso a la tierra y proteger el patrimonio público destinado a la reforma agraria”, expresa en un comunicado.
La preocupación de las organizaciones sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar el Estatuto Agrario y la Ley del Indert tiene que ver con que el proyecto amplía las facultades de la presidencia de la institución para disponer la venta directa de tierras, con lo que se concentran decisiones sobre inmuebles públicos y se debilitan los mecanismos de supervisión de la Junta Asesora y de Control de Gestión.
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El segundo punto es que la normativa permite la venta de tierras a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria, “lo que podría desvirtuar el destino de inmuebles públicos destinados a garantizar el acceso a la tierra de las comunidades campesinas”.
Y como tercer punto, las organizaciones señalan que se podría favorecer una mayor concentración de la tierra, al facilitar la acumulación y regularización de ocupaciones de tierras públicas por parte de personas que no reúnen los requisitos establecidos para ser beneficiarias de la reforma agraria.
Finalmente, las organizaciones solicitan que no sean aprobadas estas modificaciones y piden un debate amplio, público y participativo, con todos los sectores involucrados, especialmente las comunidades campesinas e indígenas.
“De aprobarse estas disposiciones sin las debidas salvaguardas, el Estado podría desprenderse de tierras destinadas a la reforma agraria, reduciendo la disponibilidad de este patrimonio público para los sujetos de la reforma agraria establecidos por la legislación: las comunidades indígenas y campesinas que históricamente esperan acceder a ellas”, sostienen.
