La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece penas privativas de libertad de hasta seis años para casos de denuncias falsas. Ahora la iniciativa vuelve a su cámara de origen, es decir, la Cámara de Diputados. El oficialista Yamil Esgaib es el proyectista.
De acuerdo con el debate en el Senado, una de las motivaciones del proyecto es castigar a las personas que utilizan a los hijos para amenazar o denunciar situaciones a sus parejas actuales o ex parejas. Se trata de la modificación del artículo 289 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo.
En contra
A pesar de la postura en contra de varios legisladores de la oposición, el proyecto fue finalmente aprobado por una mayoría oficialista, disidentes, satélites y hasta opositores.
Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Lucía Mendoza, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez y Yolanda Paredes son los que se opusieron.
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Yolanda Paredes, senadora por Cruzada Nacional, afirmó que las denuncias falsas deben ser detectadas por los fiscales. “Nos olvidamos de los fiscales. El problema son los fiscales que deberían ser los árbitros en toda contienda que se originan entre particulares. El tema más delicado es lo familiar cuando se utilizan a los hijos como instrumentos de venganza. Aparecen las supuestas violaciones que resultan ser falsas”, expresó.
La senadora afirmó que no se puede modificar de manera aislada el artículo 289, sino también debe ser modificado el artículo 288.
“El artículo 288 habla de la participación y la responsabilidad. Deberíamos haber tocado los dos artículos juntos. Pasa esto cuando los colegas no están versados en derecho. Nos hacen estudiar de una manera irresponsable como la no modificación de dos artículos. Yo igualmente voy a presentar un proyecto de modificación del artículo 288”, comentó.
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Rafael Filizzola, senador opositor por el PDP, afirmó que el proyecto incluso está mal redactado.
“El texto actual ya está mal redactado, dice: ‘El que atribuyera falsamente ante autoridad o funcionario competente’. Ahí tenemos un problema de interpretación, ¿quiénes son los funcionarios competentes? Además, no dice un delito o un hecho punible, solo dice un hecho anti jurídico. No dice que tiene que ser un delito el que le atribuís. Cinco años de cárcel por atribuir cualquier hecho antijurídico”, cuestionó el legislador.
