En el caso, el ex jefe de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, fue intimado el 5 de agosto pasado para presentarse en un plazo de cinco días, pero el mismo no se puso a disposición de la Justicia, bajo apercibimiento de que se ejecutarán las cauciones si no se presentaba.
De esta manera, tras el informe respectivo, el juez dispuso llevar adelante la ejecución de la caución real, sobre un inmueble ubicado en Lambaré, de propiedad de Sixto Raúl Fretes, por la suma de G. 1.363.418.000, más el 10%.
Además, de la finca ubicada en Ñemby, de la firma Lubristore SA, por la suma de G. 2.131.350.000, más el 10%, y la finca del distrito de Belén, en Concepción, propiedad de Víctor Alfonso Robles, valuado en G. 1.240.851.356, más el 10%, conforme señala la resolución.
Además, dispuso la notificación a la Procuraduría General de la República por hallarse involucrado el patrimonio del Estado paraguayo en el hecho punible por el cual fue condenado Miguel Robles.
En la causa, el perjuicio patrimonial que se dio, según la sentencia dictada en el juicio oral, es por la suma de G. 5.105 millones, dentro del marco de las obras destinadas a la reactivación económica por la pandemia contra el Covid-19.
Según el fallo, es el que se quedó con el dinero desviado, por lo que tuvo una pena similar a la del ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, actualmente hospitalizado tras sufrir lesiones de gravedad en su propia celda, por lo que ahora se investiga cómo ocurrieron los hechos.
