El Poder Ejecutivo impulsa la modificación del Estatuto Agrario con el objetivo de acelerar la titulación de tierras y facilitar el acceso de los pequeños productores al crédito y a programas de desarrollo rural. El proyecto fue presentado ante el Senado durante una audiencia pública con participación de organizaciones campesinas, representantes de derechos humanos y otros sectores vinculados a la problemática agraria.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, instó a las organizaciones campesinas a participar en el análisis de la propuesta y acercar sus planteamientos a las comisiones legislativas.
Núñez sostuvo que uno de los principales problemas que enfrenta el campesinado es la demora en la obtención de los títulos de propiedad, situación que también dificulta el acceso al financiamiento.
Por su parte, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que uno de los principales cambios planteados consiste en eliminar el pago previo del 3% exigido para retirar el título de propiedad. Ruiz Díaz calificó este requisito como una “trampa a la pobreza”, debido a que productores que ya tienen sus expedientes listos no pueden retirar sus títulos por falta de recursos.
“El campesino debe pagar entre cuatro y cinco millones, en algunos casos hasta ocho millones”, explicó. Según el funcionario, la falta del título genera un círculo que mantiene al productor en condiciones de subsistencia: sin título no puede acceder al crédito, sin crédito no puede capitalizar su finca y, con baja productividad, tampoco puede generar excedentes. “Como no tiene título, produce en condiciones de subsistencia, apenas sobrevive”, sostuvo.
Por ello, planteó eliminar el requisito y permitir que el productor pueda retirar su título y utilizarlo como respaldo para acceder a financiamiento.
“Acá lo que estamos haciendo es darle una oportunidad al campesino: retirar ese requisito, el 3% de pago previo, que retire su título, vaya al Crédito Agrícola de Habilitación y capitalice su finca”, afirmó.
Otro de los cambios contempla ampliar los plazos de pago por las tierras adjudicadas. Para los hombres, el periodo pasaría de 10 a 20 años, mientras que para las mujeres aumentaría de 15 a 30 años.
“La segunda medida es alargar los plazos y con eso se baja la cuota”, indicó Ruiz Díaz. El titular del Indert destacó además el aumento de la participación femenina entre los nuevos titulares de tierras.
“El 60% de los títulos que estamos entregando hoy son para mujeres; anteriormente era 28%”, afirmó.
Ruiz Díaz insistió en que la reforma no debe limitarse a la entrega de títulos, sino que debe estar acompañada de crédito, infraestructura, viviendas, caminos y acceso a mercados.
También planteó la necesidad de promover el relevo generacional en el campo ante el envejecimiento de la población rural.
“Sin la presencia de los jóvenes, el campo corre peligro y corre peligro la seguridad y la soberanía alimentaria”, advirtió.
El titular del Indert sostuvo finalmente que el objetivo del proyecto es superar una política centrada únicamente en la entrega de títulos y avanzar hacia una estrategia más amplia.
“No queremos que la historia termine en la titulación. Queremos que la historia termine en el desarrollo rural integral”, enfatizó.
Codehupy advierte sobre algunos cambios
Durante la audiencia, Santiago Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), pidió que la reforma sea analizada de manera conjunta con otros proyectos existentes y mediante un debate amplio.
“Cualquier reforma del Estatuto Agrario debe realizarse con un amplio debate por la relevancia jurídica, política y social que tiene”, sostuvo.
Leguizamón señaló que la problemática de la tierra tiene un carácter estructural y cuestionó que las iniciativas no aborden la concentración de la propiedad.
“Ninguno de los proyectos analizados aborda el problema estructural de fondo, que es la extrema concentración de la tierra y la deuda histórica que tiene el Estado en materia de distribución de tierras y acceso efectivo a tierras”, afirmó.
Desde Codehupy consideraron positiva la reducción de los requisitos económicos para acceder a los títulos y la ampliación de los plazos para evitar la especulación y la concentración temprana de las tierras.
“Esto desnaturalizaría el destino constitucional del patrimonio agrario estatal y podría facilitar la mercantilización, apropiación y concentración de tierras públicas”, advirtió.
También cuestionó la ampliación de las facultades individuales del presidente del Indert. “Hay que mantener y fortalecer los mecanismos institucionales de control y supervisión sobre el patrimonio administrado por el Indert, evitando la concentración excesiva de las facultades de su presidencia”, sostuvo.
Codehupy planteó finalmente unificar las distintas iniciativas y sumar diagnósticos técnicos, estadísticas y evaluaciones de impacto antes de aprobar una reforma.
Dirigentes campesinos reclaman tierra y controles
Durante la audiencia también se escucharon fuertes reclamos de dirigentes campesinos. Víctor Ibáñez pidió a las autoridades intervenir ante los desalojos que, según denunció, afectan a familias campesinas e indígenas.
“Yo quiero pedirles a los señores senadores, al presidente del Congreso, al presidente del Indert, que paren los desalojos irregulares de los pobres campesinos y de los aborígenes de este país”, reclamó.
Ibáñez también cuestionó la desigual distribución de la tierra y reclamó avanzar en la regularización de pequeñas parcelas. “Nadie pide más de la cuenta, nadie pide invadir propiedades privadas”, afirmó.
El dirigente planteó además que los recursos sociales de las entidades binacionales puedan ser destinados a la adquisición de tierras para campesinos e indígenas y reclamó la recuperación de las denominadas tierras malhabidas.
“Ya es tiempo de recuperar, hacer una reivindicación histórica y recuperar las tierras malhabidas que se concedieron en contravención a la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario”, sostuvo.
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Ibáñez también manifestó preocupación por la posibilidad de que las tierras adjudicadas por la reforma agraria puedan ser posteriormente transferidas o vendidas.
“Los productos de la reforma agraria no deberían ser transferidos ni vendidos. Es para las generaciones venideras, para las familias”, afirmó.
Regularización de antiguas colonias
Otro de los ejes del proyecto es avanzar en la regularización masiva de antiguas colonias rurales que todavía no cuentan con una inscripción adecuada en los registros públicos.
Ruiz Díaz mencionó comunidades con más de un siglo de existencia que continúan sin una regularización definitiva. “Nunca se ha regularizado una sola colonia de manera masiva”, afirmó.
Según explicó, el Indert ya trabaja con Registros Públicos para iniciar este proceso y mencionó como objetivo alcanzar a unas 20.000 familias.
Apoyo del padre Kinoti
El padre Pascual Kinoti, de Marina Cué, expresó su respaldo al proyecto presentado por el Indert y destacó particularmente las medidas orientadas a facilitar que las familias campesinas, especialmente las mujeres, puedan acceder a la propiedad de la tierra.
“Vengo hoy para felicitar al equipo del Indert que ha pensado en presentar esta propuesta, este proyecto de ley para ayudar a los campesinos, sobre todo pensando en las mujeres”, manifestó.
Kinoti sostuvo que Paraguay mantiene una deuda histórica en materia de reforma agraria y consideró que las leyes pueden convertirse tanto en un obstáculo como en una herramienta para el desarrollo.
“Cada país tiene progreso acorde a la calidad de las leyes que hacen. Las leyes pueden causar pobreza, las leyes pueden causar también progreso”, afirmó.
También remarcó que la titulación, por sí sola, no resuelve los problemas de las familias rurales.
“No basta en tener un cartón, un título de tierra, hay que tener los medios para poder también desarrollar la tierra”, señaló.
Asimismo, el religioso se refirió a la propuesta de ampliar las atribuciones del presidente del Indert y reconoció que puede generar preocupación, aunque consideró que el tema puede ser regulado mediante mecanismos de control.
Sectores campesinos e indígenas piden no apurar la reforma
Desde la Multisectorial, Pulsiano Sánchez manifestó su respaldo a la iniciativa y planteó que el proyecto sea llevado a votación el próximo 16 de setiembre, dando una señal de apoyo a la propuesta impulsada por el Indert.
Sin embargo, otros representantes reclamaron mayor tiempo para analizar el alcance de las modificaciones y cuestionaron que el tratamiento avance con rapidez.
Tomás Zayas, coordinador de Asagrapa Alto Paraná, sostuvo que la propuesta debe ser estudiada con mayor profundidad y planteó analizar distintas alternativas antes de introducir cambios que puedan resultar radicales.
“Pedimos pensar bien y no acelerar la aprobación porque puede generar más problemas que soluciones a lo que hoy el Indert tiene”, señaló.
Zayas consideró además que el debate debería trascender la cuestión de la titulación y avanzar hacia un proyecto de desarrollo rural integral que contemple las distintas necesidades del sector campesino.
En la misma línea, monseñor Mario Melanio Medina cuestionó la premura con la que se pretende analizar la iniciativa y preguntó por qué se busca acelerar su tratamiento. También reclamó explicaciones sobre la ausencia de representantes indígenas en la audiencia. “¿Por qué se quiere apurar el tratamiento? ¿Por qué los indígenas no fueron invitados?”, cuestionó.
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Marcial Gómez manifestó su acuerdo con eliminar el pago previo del 3% para acceder al título de propiedad y respaldó la idea de unificar los distintos proyectos que plantean modificaciones al Estatuto Agrario. No obstante, también expresó dudas sobre la rapidez del proceso de análisis.
Desde el sector indígena, Rosa Toledo, coordinadora de Espacio y Unidad Indígena Popular, advirtió que la propuesta no contempla a todos los sectores afectados por la problemática de la tierra.
“La propuesta no llega a todos los sectores”, sostuvo, reclamando una mayor participación de las comunidades indígenas en el debate.
También tomó la palabra Justino Vera, coordinador de beneficiarios de la reforma agraria, quien expuso la situación y los reclamos de los adjudicatarios de tierras dentro del proceso de reforma agraria.
