Castro no ocultó su emoción tras abandonar la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego de seis años. Agradeció a la ciudadanía por su apoyo, así como a los organismos internacionales.
Reiteró su inocencia y la de sus compañeros por el caso Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y seis policías.
“Con la decisión de estos jueces volvemos a tener algo de esperanza de que habrá justicia en nuestro país”, dijo con alegría el campesino.
Néstor Castro, quien vivió sus últimos seis años en prisión, afirmó que el Estado, por su propia cuenta, debería brindar asistencia a los campesinos que fueron condenados siendo inocentes.
“Queremos que el Estado cumpla con nosotros. Ahora vamos a ir a reconstruir nuestras vidas. Lo que ocurrió en Marina Cué (la masacre), no se quiere aclarar. Marina Cué es del pueblo paraguayo. El Estado tiene que apoyar a quienes necesitan”, dijo.
Arnaldo Quintana, otro de los condenados y liberados este viernes, dijo que siente una mezcla de emociones, pero está feliz. Agradeció a las personas que lucharon por la causa de los campesinos.
Luis Olmedo tampoco ocultó su felicidad al abandonar la cárcel.
De los cuatros campesinos que permanecían en Tacumbú, el único que no recuperó su libertad es Rubén Villalba, sobre quien pesa otra condena por invasión de inmuebles, en un caso conocido como Pindó.
Las otras personas condenadas y que ya se encuentran en libertad son Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López, quienes fueron sentenciadas a seis años de prisión; Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y Felipe Benítez Balmori, que recibieron una condena de cuatro años.
Este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la condena a estos labriegos por las causas de homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.
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La condena fue ratificada en mayo del 2017 por un Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá.
El 15 de junio del 2017, tras la sentencia firme de los 11 campesinos, los abogados defensores habían presentado un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones.
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Antecedentes
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.