El primero en hablar sobre el tema fue el senador cartista Sergio Godoy, quien manifestó que el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no puede tener un efecto jurídico debido a que demuestra una “grosera contradicción” entre lo razonado y lo decidido por los jueces.
“Si ese criterio se impone, quedarían impunes varios casos como violencia u homicidios en grescas”, argumentó con relación al error que presentaba la sentencia firmada por los magistrados y que, posteriormente, fue aclarado por los mismos.
A su turno, Javier Zacarías Irún criticó la resolución del caso y mencionó que la decisión demuestra que hay impunidad en el Paraguay.
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“Esta sentencia hecha por tres camaristas es absolutamente traída de los pelos. No tienen ningún asidero legal y atropella varios artículos. Acá nos quieren hacer creer que no pasó nada. Hay una sociedad que miró y siguió de cerca ese acontecimiento”, sostuvo ante el pleno del Senado.
Zacarías Irún añadió que la bancada solicitó a los representantes de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) investigar a los magistrados que otorgaron la absolución a los campesinos ya que “han atropellado la ley”.
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“Esto nos muestra que en Paraguay hay impunidad, demuestra que podemos matar, robar, atropellar la propiedad privada. Esta sentencia atenta contra la sociedad y debe reverse”, justificó el político esteño.
También tomó la palabra el senador Juan Darío Monges, quien se adhirió a las argumentaciones que hicieron sus colegas de bancada.
“Ellos -por los magistrados- violentaron la resoluciones porque cambiaron el sentido de sus votos. Esta sentencia es alevosamente contradictoria, incongruente y contradictoria, por lo que amerita que nuestros representantes tomen cartas en el asunto”, aseveró.
Caso Curuguaty
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena a los 11 campesinos sentenciados por el caso Curuguaty.
Tras el fallo, fueron liberados Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, campesinos que fueron condenados por la masacre ocurrida en las tierras de Marina Cué, ubicadas en el Departamento de Canindeyú.
No obstante, la Sala Penal emitió el lunes una aclaratoria por un error en la sentencia emitida sobre la absolución de los campesinos condenados.
La firma de uno de los camaristas generó confusión porque votó a favor de un fallo, pero en la sentencia figuraba otra decisión. Finalmente, quedó ratificada la libertad de los labriegos.
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La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras un tiroteo murieron 17 personas: 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
