Ante la ola de hackeos que sufren instituciones públicas del Estado paraguayo, un grupo de cuatro senadores cartistas presentaron en mesa de entrada un proyecto de ley que pretende hacer frente a estos ciberataques. En concreto, la iniciativa se denomina “Régimen Jurídico para la modernización de la infraestructura Digital Pública”.
La iniciativa tuvo mesa de entrada en la Cámara de Senadores el pasado 16 de julio, solo hace una semana. Luis Benítez, experto en temas informáticos, utilizó su cuenta de la red social X (@angatupyrytau) para denunciar una serie de aspectos cuestionables de este plan.
Señaló que el nuevo proyecto de ley sobre infraestructura digital pública en Paraguay no es modernización, sino una entrega directa de soberanía tecnológica y control digital a empresas extranjeras.
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“El proyecto permite que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) contrate directamente, sin licitación pública, a empresas tecnológicas extranjeras de gran envergadura para manejar infraestructura crítica del Estado. Sin competencia, sin control previo, sin transparencia real. Además, cualquier solución digital del Estado como una nube, inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, software y más, podrá ser entregada a una empresa extranjera con una simple resolución del ministro. Basta con justificar ‘urgencia’ o ‘exclusividad técnica’ y se activa el mecanismo de contratación directa”, aseveró.
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Soberanía pérdida
Denunció que solo megacorporaciones internacionales podrán calificar al llamado de licitación, excluyendo de esta manera a empresas nacionales o regionales.
"¿Quiénes califican? Solo megacorporaciones internacionales, excluyendo empresas nacionales o regionales. Este modelo impone una dependencia estructural a proveedores extranjeros y excluye cualquier posibilidad de desarrollo tecnológico local. El Estado podrá financiar estos contratos con deuda (bonos del Tesoro), incluso para gastos operativos. Pagaremos con deuda pública soluciones que no controlamos, con tecnología que no es nuestra y sin transferencia real de conocimiento”, señaló.
Cuestionó también que toda la información técnica y contractual podrá declararse reservada por la empresa. Esto va a imposibilitar cualquier tipo de auditoría ciudadana.
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“Todo se hará sin acceso a detalles. Sin rendición de cuentas sobre plataformas críticas para salud, educación, justicia o identidad digital. Los contratos podrán regirse por leyes extranjeras. Sí, se puede firmar un contrato de infraestructura estatal donde la jurisdicción aplicable sea fuera del país, renunciando al control jurídico paraguayo. ¿Y la ciberseguridad? ¿Dónde está el plan nacional? ¿Dónde está la defensa estratégica? Este proyecto ignora por completo la soberanía digital y deja en manos privadas extranjeras la seguridad de nuestros datos y sistemas críticos”, denunció.
Finalmente, cuestionó que esto no se trate de un proyecto de modernización, sino que refiere a un modelo de colonización digital encubierta, que debilita la capacidad del Estado paraguayo para controlar la infraestructura tecnológica. Y todo bajo la bandera de “eficiencia”.
“El Gobierno ha demostrado una vez más que para ellos, la ‘ciberseguridad’ significa entregar el control digital a otros. La soberanía no se terceriza. La independencia tecnológica no se compra. Se construye”, concluyó.
