06 dic. 2025

Camaristas ordenan que se realice el juicio oral a Paraguayo Cubas

El Tribunal de Apelación Penal revocó la decisión de postergar el juicio al ex candidato presidencial Paraguayo Cubas, hasta tanto la Corte se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad. Así, se da vía libre para realizar el juzgamiento por los hechos ocurridos cerca del Tribunal Superior de Justicia Electoral, tras las elecciones del 2023.

Paraguayo Cubas.jpeg

A juicio oral. El Tribunal de Apelación Penal dio vía libre para realizar el juzgamiento de Paraguayo Cubas.

Foto: Archivo ÚH

Fue voto unánime de los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Adriana Giagni, quienes admitieron la apelación de los fiscales Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera, contra la resolución del Tribunal de Sentencia del 1 de julio de 2025.

Por la citada resolución, los jueces Cándida Fleitas, Christian González y Héctor Capurro, con voto dividido, habían admitido un recurso de la defensa del acusado Paraguayo Cubas, para suspender el juicio oral por la acción de inconstitucionalidad pendiente.

Los magistrados habían argumentado que la acción atacaba la competencia del tribunal, con el fin de ver si el juicio oral debía hacerse en Alto Paraná o en Asunción, con lo que el juicio oral podría ser nulo en caso de una resolución favorable en esa instancia, con lo que la suspensión se dio hasta tanto se dictara una resolución del Máximo Tribunal.

Ahora, con el fallo del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, se da vía libre a los jueces de Sentencia para llevar adelante el juzgamiento, en la causa iniciada por los disturbios ocurridos en las inmediaciones del TSJE luego de las elecciones generales del 2023, donde se acusa a Paraguayo Cubas de ser el instigador y otros delitos.

Los fiscales, en su recurso, habían señalado que “en el caso concreto, no existe medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, por lo que extender dicho efecto a la mera interposición de la acción de inconstitucionalidad, contraria lo dispuesto en la ley”.

Agregaron que “si bien es cierto que eventualmente podría dictarse alguna medida cautelar por parte de la Corte Suprema de Justicia o incluso anular el fallo que confirmaba la competencia de este tribunal de sentencia, dicha situación no aconteció, debiendo resolver el tribunal conforme lo establece el ordenamiento jurídico”.

Lea más: Tribunal suspende juicio oral a Payo Cubas por acción pendiente

De esta manera, los agentes del Ministerio Público pidieron revocar la decisión y llevar adelante el juicio oral contra el procesado ex candidato presidencial.

Por su parte, la abogada Gessy Ruiz Díaz, en su contestación, sostuvo que en este caso concreto, la acción tiene efecto suspensivo en razón de que el auto interlocutorio atacado por la defensa tiene la fuerza de sentencia definitiva, “por tratarse: De una decisión que no pone fin al procedimiento, por tanto, no procedería la Casación. De una decisión que revoca una resolución de un juzgado inferior y, entonces, no se trata de una resolución originaria del tribunal, por tanto, no corresponde la Apelación General”.

Al final, la defensa de Payo Cubas pide rechazar el recurso promovido por la Fiscalía.

El Tribunal de Apelación Penal sostuvo que correspondía verificar si la Corte ordenó expresamente la suspensión de los efectos de la resolución del Tribunal de Apelación atacado.

Refiere que el secretario de la Corte Suprema de Justicia informó que “el expediente se encuentra a disposición de los miembros para su estudio y admisión, sin que hasta la fecha haya recaído resolución alguna que estudie la admisibilidad del recurso o se haya dictado medida cautelar”.

Con esto, dicen los camaristas que “no se desprende en la presente causa impedimento alguno para la sustanciación de la audiencia fijada, ya que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no impide la prosecución de los actos procesales, salvo que se trate de una sentencia definitiva o un auto interlocutorio con fuerza de tal, o que la Corte así lo disponga, lo cual no ha sucedido en este caso”.

De esta manera revocan la resolución y dan vía libre para realizarse el juicio oral contra el acusado ex candidato Paraguayo Cubas.

Más contenido de esta sección
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, no confía en la Justicia paraguaya, por lo que decidió aceptar la extradición simplificada al Brasil, donde es requerido por delitos internacionales de tráfico de drogas, crimen de blanqueo de capitales y delito de organización criminal. Como él es brasilero, con naturalización paraguaya, busca ser juzgado allá.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
Abonar por una deuda inventada; pagar G. 65 millones por una cuenta de G. 5 millones; padecer preinfartos por enterarse de embargos o la imposibilidad de ayudar a un hijo con discapacidad o a los padres, todo por tener que pagar una cuenta que no es suya. Los padecimientos de las víctimas de la mafia de los pagarés, que decidieron recorrer cientos de kilómetros para llegar a la marcha en Asunción, donde exigieron justicia.
Cientos de víctimas de la mafia de los pagarés se movilizaron hoy para exigir justicia, el cobro digno de sus salarios tras los embargos compulsivos y para denunciar que autoridades siguen respaldando a la mafia. “Les están descontando su salario de manera ilícita e ilegal a miles de personas. Ahora mismo está pasando eso”, dijeron.
Los datos expuestos por la Comisión del Senado revelan la existencia de 333.005 juicios ejecutivos que afectan a miles de víctimas, lo que representa en total G. 2,2 billones (USD 314 millones), descontados de manera compulsiva mediante embargos irregulares. Los congresistas advierten sobre la existencia de una gran rosca.