La marcha comenzó cerca de las 10:00 de esta mañana, partiendo desde la Plaza de la Democracia de Asunción, hasta la Fiscalía de la sede de Nuestra Señora de la Asunción, para luego ir hasta la esquina del Congreso Nacional, donde ya les esperaba una comitiva policial, que les impidió ingresar frente al Parlamento.
En todo el trayecto, hicieron públicos los casos de trabajadores despojados de hasta el 80% de su salario, dejándoles solo el 20% para subsistir, afectando el cuidado de sus familias. Una víctima contó que una deuda original de G. 5 millones se transformó en un pago final de más de G. 100 millones.
“Les decimos que se pongan la camiseta del pueblo y que se definan si es que van a representar al pueblo o si van a seguir representando a la mafia”.
Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas, mencionó que hoy se hicieron presentes hasta la capital del país para mostrar el repudio a todo el esquema de mafia.
Principalmente se refirieron a los legisladores, para que apuren el tratamiento de la Ley de Emergencia Judicial y el juicio político a los nueve ministros de la Corte que solicitaron hace semanas.
“Les decimos que se pongan la camiseta del pueblo y que se definan si es que van a representar al pueblo o si van a seguir representando a la mafia”, lanzó, y lamentó que las autoridades hoy con su actitud, evidentemente, “respaldan a la mafia”, por lo que hacen más lento el tratamiento de la ley, en perjuicio de las miles de víctimas a quienes se les saca el 80%, el 100% o más de su salario, dejándolos prácticamente en la calle.
“Hay intereses”
El abogado Jorge Rolón Luna, quien fue uno de los primeros en denunciar cómo opera la red criminal de pagarés, recordó que “esta es una mafia muy bien asentada en distintas instituciones: en el sector privado, en el gremio de abogados, en el propio Poder Judicial y el poder político”.
Insistió en que el sistema de Justicia debe levantar los embargos con la misma celeridad con que procesó para embargar a las personas.
“El Poder Judicial no está poniendo todo de su parte para resolver inmediatamente la mayor cantidad de casos posibles, porque mientras nosotros hablamos, les están descontando su salario de manera ilícita e ilegal a decenas de miles de personas”, dijo a Última Hora, durante la marcha.
Mencionó la necesidad de soluciones inmediatas, “porque el salario, que es un derecho básico elemental que tiene que ver con cuestiones existenciales, alimentación, salud, vivienda, crianza de los hijos, con tener una vida digna”.
Por último, confirmó que hay intereses de esta mafia vinculados a gente del más alto nivel del sistema de Justicia. “Eso es algo sabido, no negado, algo público”, desde algunos ministros de la Corte y de miembros de la clase política.
