15 jul 2026

Senadores sugieren avanzar con juicio político para ministros de la Corte por caso pagarés

Los datos expuestos por la Comisión del Senado revelan la existencia de 333.005 juicios ejecutivos que afectan a miles de víctimas, lo que representa en total G. 2,2 billones (USD 314 millones), descontados de manera compulsiva mediante embargos irregulares. Los congresistas advierten sobre la existencia de una gran rosca.

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Manifestación. Un grupo de víctimas de la mafia de pagarés marchan para exigir eficacia en las soluciones.

Rodrigo Villamayor

Desde la Cámara Alta, senadores coinciden en avanzar con el pedido de juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante el poco y casi nulo interés que hasta el momento pusieron para encontrar soluciones a las miles de víctimas de la mafia de los pagarés. Hablan de una complicidad por parte de la máxima autoridad de Justicia en la trama delictiva.

Al respecto, la senadora Yolanda Paredes señaló: “Acá no hay de otra, solicito públicamente a la Cámara de Diputados que inicie el juicio político contra los nueve ministros de Corte. Ellos no pueden desconocer su responsabilidad”.

En ese sentido, la senadora Blanca Ovelar refirió: “No escuché a un solo ministro de la Corte decir algo así como indignarse, una reacción tan tibia, tan lenta, una sola medida, una sola acordada que muestre que les preocupa y les duela que a los más pobres se les esté estafando”.

El pasado 10 de noviembre, la Coordinadora de las Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentó ante el Congreso una ampliación de los contenidos del pedido de juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Además del prevaricato, incluyeron ahora la obstrucción a la Justicia, “como cargo adicional”.

En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, las víctimas expusieron nuevos argumentos para el juicio político.

Derechos avasallados

Sobre el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte, la senadora Yolanda Paredes insistió que “es el escándalo más grande que ya se tuvo en Paraguay a nivel del Poder Judicial, los daños son incalculables, ciudadanos comunes que fueron avasallados en sus derechos por una mafia conformada y originada dentro del propio Poder Judicial”.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar expresó que “arriba están los complicados en el asunto. Yo no escuché a un solo ministro de la Corte hacer una sola medida, una sola acordada que permita decir que les preocupa y les duele que a los más pobres se les esté estafando. Nada de eso se sintió de ese poder del Estado y realmente eso a mí me indigna más”.

Además, resaltó: “Ellos (ministros de la Corte) tendrían que demostrar a la sociedad que se indignan ante una injusticia que sucede en su ámbito. Ninguno de los nueve se manifestó. Y realmente yo creo que alguna acción que sacuda a ese poder tenemos que hacer. Porque si no, no hay Justicia que valga, y acompaño la iniciativa de hacer una demanda penal y propongo que pensemos una ley que garantice que el Estado paraguayo le entregue el salario in totum al funcionario”.

Mientras que la senadora Esperanza Martínez recordó nuevamente a Óscar Diesel Junghanns, hermano del ministro de la Corte César Diesel Junghanns, uno de los principales accionistas de la firma Carsa, una de las empresas involucradas en la mafia de los pagarés. “Hay un hermano del ministro de la Corte que es accionista en una de las empresas de cobranza, sencillo es. ¿Verdad? Más claro (agua), la línea de intereses y de protección y de impunidad, ¿no?”.

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