Se trata de Blanca Noemí Gauto Fernández, paraguaya de 38 años, domiciliada en el kilómetro 10 Acaray, que fue aprehendida por agentes de la Subcomisaría 11ª local, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
La abogada está procesada por supuesta participación en una maniobra extorsiva en complicidad con agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles.
Según la imputación fiscal, cinco policías extorsionaron a Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija cuando se desplazaban en una camioneta sobre la avenida Monday de Presidente Franco.
Luego de la denuncia, la fiscala Zunilda Ocampos Marín imputó a Gauto Fernández y a los policías Derlis Ariel Chávez Giménez, Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos Rojas por privación de libertad y extorsión agravada.
Lea más: Cambian autoridades policiales tras escándalo de extorsión en Alto Paraná
De igual modo, la agente fiscal solicitó la prisión preventiva de todos ellos por la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción.
El hecho fue perpetrado a cara descubierta, cuando los intervinientes se identificaron como agentes de Investigaciones y obligaron a Troche a descender de su vehículo y lo trasladaron contra su voluntad a la sede del Departamento de Investigaciones, el pasado 3 de junio.
En ese lapso, otros agentes tomaron control del rodado donde se encontraban las víctimas y confiscaron sus teléfonos.
En la sede, según el relato, retuvieron ilegalmente a Troche por cerca de tres horas en un quincho con blindex.
Durante ese tiempo le exigieron USD 50.000 a cambio de su libertad, bajo la amenaza de allanar sus propiedades y las de su familia, al alegarse supuestas investigaciones por lavado de dinero. Jorge Esteban y su hija permanecieron retenidos en el automóvil en el predio policial.
Nota relacionada: Cinco policías y una abogada son imputados por extorsión en Alto Paraná
Los policías instruyeron a Troche a que llamara a su abogada. Blanca Noemí Gauto Fernández se presentó en la sede policial, habló a solas con los intervinientes y luego comunicó a su cliente que debería entregar la suma exigida para “evitar complicaciones”.
Acordaron entonces un pago inmediato de USD 30.000 y el compromiso de entregar los USD 20.000 restantes en un mes.
Con ayuda de la abogada, la víctima retiró el dinero de distintas entidades bancarias y entregó a uno de los policías. Su abogada, en vez de defenderlo, fue a pactar con los agentes.
