La senadora Celeste Amarilla denunció llamativas irregularidades en Petróleos Paraguayos (Petropar) por un contrato de provisión de combustible con la empresa catarí Doha Holding Group, propiedad de Khalifa Hamad Al Thani, hermano del emir de Qatar. El acuerdo fue firmado en setiembre del año pasado y, a casi doce meses de su rúbrica, la firma no entregó “ni una gota” del producto pactado.
Según el documento inicial, las primeras entregas debían realizarse entre el 23 y 25 de octubre, pero ninguna de las fechas se cumplió. La primera fecha de vencimiento fue el 30 de noviembre y, desde entonces, se fueron acumulando adendas hasta llegar a la octava prórroga.
Consultado sobre esta situación, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, relativizó los cuestionamientos.
“Yo me hago la pregunta también. Hay una prórroga, ¿qué daño patrimonial produce la prórroga? No produce ninguno. ¿Qué beneficio puede traer? Es lo que explicaba el presidente de Petropar... vamos a estar atentos”, señaló.
Nota relacionada: Celeste denuncia contrato de combustible que no se cumple en Petropar
Para Núñez, el argumento de las autoridades de Petropar, principalmente de Eddie Jara, su presidente, es que las sucesivas prórrogas no generan daño patrimonial, y que en caso de que se concrete finalmente la adjudicación, el resultado será beneficioso para la empresa estatal.
“Lo que explicó él es que las prórrogas no producen daño patrimonial y en el caso de que supuestamente se adjudique a esa empresa va a ser el beneficio de la ciudad”, remarcó.
Frente a las críticas sobre la falta total de cumplimiento por parte de Doha Holding Group, el legislador oficialista respondió que trasladará esa preocupación a las autoridades de la petrolera estatal.
“Voy a hacer extensivo ese reclamo al presidente de Petropar”, dijo. Respecto a la posibilidad de que la Cámara Alta inste a la Dirección de Contrataciones Públicas a intervenir, Núñez se mostró cauto. “Que presenten y vamos a evaluar”, expresó.
La denuncia de la senadora Celeste Amarilla cuestiona intereses de sectores empresariales involucrados, el hermetismo sobre esta licitación y qué beneficios significaría seguir con un contrato que no se cumple, pudiendo hacer efectiva la cláusula de fiel cumplimiento, en la que la petrolera estatal puede reclamar poco más de USD 3 millones. El contrato sería por USD 61 millones.
