El asesor jurídico de la Municipalidad explicó que “el procedimiento es claro: ellos (los concejales) devuelven esto y la Intendencia tiene 30 días para remitir otra vez con las informaciones que ellos pidieron o ratificarse también en el mismo balance y ahí se vuelve a poner a consideración”.
Ante los cuestionamientos al balance, específicamente por la falta de firma de un auditor, Sabaté defendió el documento argumentando que “el balance con el informe del auditor se envía a la Contraloría”.
Aseguró que la exigencia (de la firma del auditor) es un requisito legal en el caso de su remisión a la Contraloría General de la República (CGR), no así para la Junta Municipal.
“En este caso, el dictamen del auditor debe estar en el balance remitido a la Contraloría”, refirió.
Respecto a las denuncias de concejales opositores sobre supuestos datos falseados dentro del balance 2025, el asesor jurídico respondió que a él no le consta que existan cifras falsas.
Sostuvo que para validar tales acusaciones se requiere rigor técnico, ya que “para determinar si es falso tiene que someter a un peritaje” y realizar la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
Subrayó que “el balance lo único que hace es retratar el estado financiero, en este caso del Municipio, cuánta plata entró, cuánta plata salió, cuánto se gastó”.
Insistió en que cualquier supuesta ilegalidad dentro de las documentaciones deberá ser detectada eventualmente por la Contraloría.
Por otro lado, Sabaté respondió que el rechazo al balance “más que nada responde al momento político que se está viviendo ahora, nada más que eso”.
Consultado sobre la falta de pago de los préstamos solicitados en el periodo de Óscar Nenecho Rodríguez (2024, G. 279.000 millones) como de Luis Bello (2025, G. 184.000 millones), el abogado respondió: “No existe deuda con ningún banco de plaza” que pese actualmente sobre la Municipalidad de Asunción y que el último préstamo “se pagó antes del vencimiento del plazo”.
La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) reclamó recientemente el hecho de que la Junta no cuente con documento alguno que respalde los pagos realizados por el último préstamo.
Del mismo modo, aseguró que se realizaron pedidos de informes sobre la gestión de las deudas por emisión de bonos, pero no se ha tenido hasta ahora “ni una respuesta”.
Sobre este punto, el abogado mencionó que “el problema era que no había dinero para pagar los bonos, pero con esta gestión se gestionó eso y está pendiente de aprobación, en la Junta, el pago de los bonos, con una proposición para diferir” el pago de los intereses hasta 2027.
Lea más: Alianza política consigue rechazo al balance de Nenecho y Luis Bello
El director de Hacienda, Víctor Rivas, había informado el pasado 7 de abril que la Municipalidad prevé un pago de G. 90.000 millones por la deuda vencida de los intereses de los bonos, aunque no precisó cuándo se realizaría el pago.
Añadió que el monto a diferir hasta 2027 alcanzaría G. 120.000 millones.
Finalmente, sobre el uso irregular del dinero de los bonos G8 durante la administración Rodríguez, Sabaté refirió que todas las operaciones están reflejadas en el balance e implicó que si existe alguna ilegalidad, corresponde la investigación por parte de la Fiscalía.
Lo que dice la Ley Orgánica Municipal
Según el artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal, “en caso de rechazo, la Junta devolverá la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria a la Intendencia con las observaciones correspondientes”.
La normativa señala que “la Intendencia Municipal considerará dichas observaciones y en el plazo de treinta días, de recibida la devolución, enviará nuevamente dicha rendición a la Junta, la que la aprobará o rechazará, en este último caso, con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios”.
El artículo también menciona que la Intendencia “remitirá a la Contraloría General de la República la resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, acompañada de los documentos correspondientes, para su examen, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones respectivas”.
