La resolución adoptada será puesta a consideración de la Intendencia para su promulgación o veto. El rechazo fue posible gracias a una alianza entre concejales opositores y disidentes colorados, quienes sumaron 14 votos contra 9 del oficialismo y 1 abstención.
Durante el debate, el concejal Álvaro Grau (PQ) afirmó que hubo una gran cantidad de irregularidades señaladas por la intervención liderada por Pereira, por lo que no se puede separar este elemento de los documentos financieros correspondientes a 2025.
Asimismo, recordó que las cuentas bancarias expuestas en el balance, y que corresponden a los bonos emitidos por las últimas administraciones, no reflejan el monto real del dinero que se solicitó para realizar obras de infraestructura, una irregularidad que tampoco puede disociarse de la cuestionada rendición.
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Cabe recordar que el informe final de la intervención indica que un total de G. 512.000 millones (G. 360.000 millones del bono G8) fueron desviados por la administración de Nenecho para el pago de sueldos y gastos irregulares.
Por su parte, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) argumentó que los asuncenos son endeudados para sostener la estructura municipal dirigida por el coloradismo. En este sentido, el concejal Grau cuestionó el hecho de que se hayan gastado “USD 30 millones más en salario cuando no hubo dinero para las obras que estuvieron paradas durante tantos meses”. El documento de gastos dentro de la rendición expone que solo en 2025 se gastaron más de G. 728.000 millones en sueldos, en tanto que para obras solo se destinaron G. 42.000 millones de una recaudación de G. 1.052 billones.
RENUNCIA. Desde la disidencia colorada, la concejala Rosanna Rolón expresó su repudio al sistema actual: “Como colorada repudio este continuismo y lamento haber votado para que él (Luis Bello) sea presidente de la Junta, porque creí que él con su tecnicismo iba a levantar algo la ciudad”. La edil incluso pidió que Bello renuncie a su cargo.
En la misma línea, el disidente Juan José Arnold advirtió que el balance “no cuenta con el parecer de la auditoría interna y eso es gravísimo”, por lo que pidió que se aclare esta situación. Jesús Lara, por su parte, aseguró que los ediles no pueden acompañar un dictamen de aprobación del balance de 2025 “en vista de lo acontecido por parte de la Contraloría (General de la República)”.
Lara dijo esto con referencia a las irregularidades halladas por la CGR, que hacían alusión al manejo irregular del dinero de los bonos y al uso de la Cuenta Única durante la administración de Nenecho Rodríguez.
El único disidente que votó por la aprobación, Carlos González, aseguró que el tratamiento del balance “se politizó”, que Bello sí cumplió con “algunas instrucciones que dejó el interventor” y que “cuatro meses no es para hacer un comparativo y ensuciarle con otros administradores”.
Desde el oficialismo, el concejal Miguel Sosa alegó que no encontró “argumento de irregularidad sostenible sobre este rechazo”. En tanto que el edil Nasser Esgaib añadió que “este balance no le blanquea ni le acusa a nadie”.
