Según estimaciones de la ANDE, el local situado en Minga Guazú representaba una pérdida mensual de G. 432 millones en consumo de energía de manera ilegal. Esta situación derivó en el corte del suministro con conexión directa en media tensión que alimentaba a más de 364 equipos procesadores de criptomoneda.
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Desde la empresa estatal se informó que la acción se realizó este martes en el marco de un procedimiento encabezado por el fiscal Alcides Giménez.
Una vez constatada la conexión irregular, el fiscal ordenó el inventario de todo lo encontrado en el lugar para prueba del delito punible de sustracción de energía eléctrica, con una pena privativa de hasta 3 años de cárcel, según lo establecido en el artículo 173 del Código Penal.
“Los equipos procesadores de criptomonedas eran alimentados por una conexión directa a la red de media tensión de la ANDE, lo que representa un riesgo para la seguridad del sistema eléctrico y para los usuarios que consumen energía de manera regular”, menciona la estatal en un comunicado de prensa en relación con el procedimiento.
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Esta intervención es parte de los operativos que viene realizando para combatir la sustracción de energía eléctrica, un delito que afecta al buen funcionamiento del servicio eléctrico y al bienestar de la ciudadanía.
