Lorenzo Torres, uno de los denunciantes de presunta irregularidades en la administración de la intendenta María del Carmen Benítez Díaz, mencionó a Última Hora que la convocatoria de la movilización fue en la Colonia de Santa Ángela, que está a 20 kilómetros de Ybycuí, en el Departamento de Paraguarí.
De dicha localidad avanzaron en caravana con dirección a la ciudad, sin embargo, faltando cuatro kilómetros para llegar a Ybycuí, sobre la calle doctor Julio Cesar Fanego, les cerró el paso otro grupo, que estaría conformado por adherentes de la jefa comunal.
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Torres denunció que se trata de hurreros, entre los que incluso se encontraban dos concejales municipales.
El jefe policial de la Comisaría 1.ª de Ñuati, de Paraguarí, Salvador Rodríguez, que se constituyó en el sitio con un fuerte dispositivo policial describió que hay dos grupos en el lugar, uno que son de adherentes de la intendenta y otro que está en contra.
“Los adherentes cerraron la ruta y no quieren que pasen estos manifestantes que están en contra de la intendenta. Y nosotros estamo conteniendo para que no se esté juntando y vaya a tener que derivar en algún hecho de violencia”, afirmó.
No obstante, indicó que están tratando de dialogar con los simpatizantes de María del Carmen Benítez Díaz para que despejen la ruta, pero que estos se negaron al pedido; y que ya pidieron la intervención del Ministerio Público.
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En un momento dado, incluso lanzaron huevos contra los ciudadanos autoconvocados para la movilización contra la corrupción municipal.
Cuatro ciudadanos de Ybycuí presentaron una denuncia contra la jefa de la Comuna por lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
Se le atribuye la responsabilidad en supuestas obras fantasmas, malversación de los fondos de royalties y Fonacide, además de tráfico de influencia.
Asimismo es sindicada por los manifestantes como supuesta responsable de la compra de arcos, redes, bustos, baños y techos aparentemente “de oro” en la construcción de obras municipales.
Desde el mes pasado ciudadanos autoconvocados se vienen movilizando contra la esposa del diputado Tomás Rivas, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), investigado por el caso conocido como caseros de oro, luego de que pagara con dinero del Estado a tres empleados suyos como si fueran de la Cámara de Diputados.
Recientemente, con la publicación de las declaraciones juradas, se dio a conocer que su patrimonio activo era, en el año 2013, de G. 2.203.274.840, tras dejar la Gobernación de Paraguarí y asumir como legislador.
