Varias víctimas de la mafia de los pagarés llegaron hasta la sede de la Fiscalía de la ciudad de Villa Hayes para manifestarse por la suspensión de la audiencia indagatoria de la abogada Zully Ortiz, que representa a la empresa Vanessa y Asociados SA, y que está procesada en la causa por supuestamente haber promovido demandas ejecutivas con pagarés ya cancelados contra muchas víctimas.
Las afectadas que llegaron a la movilización hablaron que las diferentes empresas que demandan a las víctimas cuentan con apoyo de gente poderosa.
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“Estamos para exigir a la Fiscalía para que actúe como debe ser de verdad. Tenemos que estar exigiendo, porque muchas veces vemos que influye bastante la gente que le apoya a ellos. Sabemos bien que están apoyados por gente de muy alta esfera, gente poderosa. Las empresas tienen mucho apoyo”, dijo Teresa Pane, una docente víctima del esquema delictivo.
También una de las víctimas habló en contacto con NPY sobre una sobrefacturación en su deuda, que si bien no tiene embargo, los descuentos son incesantes.
“Aparecen asociaciones indígenas, aparecen asociaciones de ciegos, que nosotros ni sabemos que existen o no, pero a la hora de cobrar nuestro sueldo, ahí sí existen”, lamentó.
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Finalmente, una de las manifestantes, también docente, contó que se había encontrado con la sorpresa de que tenía un embargo y luego saltaron otros seis más.
“No le conozco a esta persona que me está demandando. Me demanda por dos pagarés, del mismo anexo. Uno es pagaré duplicado de G. 21 millones, que así son G. 42 millones. Otra persona por casi G. 11 millones, duplicado también, que vendría a ser G. 22 millones. Y dos personas más de G. 7 millones y otros G. 8 millones. Totalizando mi demanda de G. 82 millones”, explicó la mujer.
La docente, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias, continuó diciendo que quiere conocerle a la persona que le demandó. “Que me diga en mi cara por qué yo le debo, qué fue lo que adquirí”, apuntó.
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Abogada suspende indagatoria
La abogada Zully Ortiz, representante legal de la empresa Vanessa y Asociados SA, que promovía sus demandas en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, debía declarar ayer, pero dijo no tener garantías para presentarse y pidió la suspensión.
La profesional había sido denunciada por su colega, la abogada Noelia Núñez, quien recientemente había declarado haber estado recibiendo amenazas, así como hostigamientos constantes, incluso contra sus hijos.
