Ante los jueces Juan Dávlos, Pablino Barreto e Inés Galarza, continuó esta mañana el juicio oral por el frustrado envío de drogas a España, ocurrido el 11 de octubre del 2023, lo que posibilitó investigar también ex funcionarios de los controles del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
La audiencia anterior, el fiscal Andrés Arriola pidió penas para los seis acusados en la causa.
Solicitó penas de 16 años de cárcel para Luis Servián, sindicado como el cabecilla de la organización; 13 años de encierro para Carlos Duarte, abogado y otro de los presuntos líderes; a más de 13 años de prisión para Ramón Arrúa, ex jefe de Seguridad Aeroportuaria.
Finalmente, también había requerido la sanción de 9 años de penitenciaría para Eliana Cardozo, la “mula” que transportaba la droga; y 8 años de privación de libertad para Basilio Rodríguez, supervisor de rayos X y para Martha Coronel Chávez, ex operadora del scanner.
Además, la Fiscalía había requerido el comiso de los bienes incautados y que los antecedentes del caso sean remitidos para investigar a otras personas por presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias, lo que salpica al senador Líder Amarilla como supuesto nexo político del esquema.
Atenuación de la pena
Esta mañana, presentó sus alegatos finales, la defensora Pública, Mirta Florentín, en representación de Eliana Cardozo, quien señaló que no controvirtieron los hechos de que el 11 de octubre del 2023, la misma fue detenida con 10 kilos 890 gramos de cocaína, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
La mujer iba a viajar a España, cuando fue detenida en el control rutinario que se realizó, según explicó.
La defensora aseguró que no estaban de acuerdo con la calificación ni la pena requerida por el fiscal Arriola. Incluso, leyó textualmente lo dicho en sus alegatos por el agente del Ministerio Público.
Sostuvo que no se podía calificar por el artículo 26 de la ley antidrogas, ya que ella no formaba parte de la organización criminal, sino que era una “mula”. Dijo que era una estudiante de derecho, con una hija de 12 años, con los padres ancianos y enfermos que tomó una mala decisión.
Explicó que el Tribunal ya advirtió acertadamente la posibilidad del cambio de calificación con el artículo 21 de la misma ley, sobre el envío de drogas al exterior. Indicó que según esa normativa, las penas iban de 5 a 10 años.
Sin embargo, luego describió paso por paso lo que hizo la mujer, con lo que señaló que se trata de una tentativa inacabada, con lo que se podía realizar la atenuación de la con lo que el marco penal iba de 2 a 7 años y medio de cárcel. De esta manera, solicitó la pena de 3 años de encierro para su representada.
