Además, también quedaron confirmadas las penas de 10 años de cárcel para Miguel Ángel Robles, y las de los demás encausados, Javier Marcelo Rojas, Luis Allende Araujo, Lourde Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar, de 2 años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la condena.
Fue fallo unánime de los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y el acamarista Silvana Luraghi, que integró la Sala Penal de la Corte Suprema.
En el caso, las defensas de todos los procesados, plantearon recursos extraordinarios de casación en contra de la resolución del 5 de marzo del 2025, del Tribunal de Apelación Penal Especializado, Segunda Sala.
Este fallo, a su vez, había confirmado la resolución dictada en juicio oral el 4 de enero del año pasado, en contra de los procesados.
Los abogados Bernardo Villalba y Fausto Portillo, en defensa del ex gobernador Hugo Javier González; el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, por defensa de Miguel Ángel Robles; Carlos Caballero, por defensa de Lourde Lezcano; Agustín Olazar, por defensa de Modesta Valiente Escobar; Fernando Rojas por defensa del Javier Rojas recurrieron el fallo.
Sin embargo, según los ministros, los planteamientos no cumplieron con los requisitos legales para su estudio en la Sala Penal de la Corte.
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Con ello, en forma unánime, declararon inadmisibles los recursos planteados por las partes en contra de la sentencia de segunda instancia.
En el caso, Hugo Javier González y los demás procesados, habían sido condenados por las obras nunca realizadas de la Gobernación de Central.
Según se probó en el juicio, con facturas falsas y clonadas, justificaron obras fantasmasa, que dejaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones para la Gobernación de Central.
En el juicio oral, las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, habían hallado culpables a los acusados de lesión de confianza en perjuicio de la Gobernación.
Así, condenaron a 10 años de encierro al ex gobernador, Hugo Javier González Alegre y al ex director de Gabinete, Miguel Ángel Robles, como los principales implicados.
Después, a los demás procesados, por su participación, los sentenciaron a dos años de encierro, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ahora, deben cumplir sus penas.
