Los agentes del Ministerio Público, en un escrito de 23 páginas, concluyen que no hubo perjuicio patrimonial y que los hechos denunciados no constituyen un caso penalmente relevante a los efectos de la prosecución penal.
Dicen que no se cumplen los presupuestos del hecho punible de lesión de confianza ni algún otro de aquellos tipificados por normativas del ámbito penal.
Refieren que el 22 de enero del 2024, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, solicitó a la Itaipú Binacional la dotación de mobiliarios a instituciones educativas del sector oficial de todo el país, en concreto, la cantidad de 330.000 mesas y sillas pedagógicas.
Después, por nota del 27 de febrero del 2024, el ministro Ramírez comunicó a la Itaipú Binacional el interés en desarrollar acciones conjuntas a través de la firma de un convenio marco de cooperación entre el MEC y la Itaipú.
El 3 de abril del 2024, Justo Zacarías Irún, en representación de la Itaipú Binacional (Paraguay); Enio Verri, en representación de la Itaipú Binacional (Brasil), y Luis Fernando Ramírez, en representación del MEC, firmaron un acuerdo de cooperación para establecer un relacionamiento entre las partes.
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Esto, para coordinar acciones de cooperación mutua para el fortalecimiento de las gestiones institucionales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Luego, por nota del 16 de mayo del 2024, dirigida a la Itaipú, el ministro Ramírez remite su parecer favorable a los ajustes y complementos practicados a las especificaciones técnicas para la adquisición vía licitación pública de las 330.000 mesas y sillas pedagógicas.
Así, se hizo el llamado a licitación pública, para adquirir conjuntos de mobiliarios escolares. Sin embargo, la licitación tuvo que suspenderse el 6 de agosto del 2024, para realizar ajustes en las especificaciones técnicas. Recién el 6 de noviembre de ese año se aprobaron.
Subasta a la baja
En diciembre de ese año, la Itaipú lanza un llamado a subasta a la baja, para adquirir los mobiliarios. El 20 de diciembre, la firma Kamamya SA es declarada vencedora de la subasta a la baja presencial nacional por el valor de G. 248.713.974.000.
Estos fueron discriminados en: 1. Lote Nº 1 por el valor de G. 117.521.809.290; y 2. Lote Nº 2 por el valor de G. 131.192.145.000.
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Durante la sesión pública la oferta con respecto al Lote Nº 2 del Consorcio Moviaula fue desclasificada por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones. Además, durante dicha sesión la firma Kamamya SA, única en presentarse para el Lote Nº 1, otorgó un descuento del 10% del total de su oferta inicial G. 130.579.810.000.
Después, las autoridades de Itaipú y el representante de la firma formalizaron el contrato, que se obliga a hacer entrega de 157.194 mesas y sillas pedagógicas por un valor de G. 117.521.809.290 y en el lote Nº 2 de 171.493 mesas y sillas pedagógicas por un valor total de G. 131.192.145.000.
Posteriormente, según la Fiscalía, mediante aditivo Nº 2, la Itaipú Binacional y Kamamya SA acuerdan ampliar la entrega de mobiliarios en 82.150 conjuntos de mesas y sillas por un valor total de G. 61.886.942.526.
Finalmente, el 17 de noviembre del 2025, el ministro de Educación dejó constancia expresa de la entrega formal al MEC de la totalidad de los bienes contratados por la Itaipú.
Fueron 53.122 conjuntos de mesas y sillas para Educación Inicial; 83.062 para Escolar Básica 1º Ciclo; 72.150 para Escolar Básica 2º Ciclo, y 202.503 para Escolar Básica 3º Ciclo y Media. En total fueron 410.837 mesas y sillas entregadas.
Según dicen, por el Lote Nº 1, 157.194 mesas y sillas la Itaipú pagó G. 117.521.809.290; por el Lote 2, 171.493 mesas y sillas se abonaron G. 131.192.145.000. El aditivo 2, que equivale a 82.150 mesas y sillas G. 1.957.029.154. En total: 410.837 mesas y sillas pagadas, se abonaron G. 310.670.983.444.
No hay perjuicio, dicen
Los fiscales luego hacen un resumen de las diligencias realizadas, y señalan que el valor pagado por la Itaipú Binacional por cada mesa y pupitre en promedio en el marco de la subasta a la baja presencial nacional NE 1809-24, es pertinente analizar si esta circunstancia puede ser subsumida en el hecho punible de lesión de confianza.
“Sobre el punto, cabe acotar este hecho punible requiere la adecuación de la conducta a los siguientes elementos objetivos: patrimonio de otro, perjuicio patrimonial, relación causal, posición de garante y causación del perjuicio dentro del ámbito de protección. El bien jurídico protegido es el patrimonio en su conjunto frente a conductas que provocan un perjuicio”, afirman.
Con ello, dicen que, en ese contexto, la denuncia de los legisladores nacionales afirma que el precio promedio adjudicado por la Itaipú Binacional para cada conjunto pedagógico (mesa y silla) es de G. 756.689, equivalentes a USD 96 a la fecha de la presentación de la denuncia.
En contraste, según los despachos de importación, los precios de adquisición de estos bienes por parte de Kamamya SA oscilarían entre USD 42 y USD 58, montos que representarían entre G. 339.139 y G. 457.551 al momento de la denuncia.
Con ello, dicen que el precio abonado por Itaipú Binacional por cada conjunto mobiliario (mesas y sillas) está dentro de los parámetros del mercado local, así como de otras licitaciones nacionales. Además, es de menor costo que otras licitaciones brasileñas y es acorde al precio final del producto.
De esta manera, piden al juez la desestimación de la denuncia porque no se halló perjuicio patrimonial.
