La abogada Noelia Núñez, que desnudó el esquema de la mafia de pagarés en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, donde sus funcionarios fueron imputados por la Fiscalía, denunció que le estarían amedrentando y amenazando para que desista de las causas.
Las amenazas a ella y su familia habrían venido primero desde la red social de una persona que se hace llamar “Margaret Thatcher”, la misma que habría amenazado al periodista Carlos Benítez, director del medio El Observador, cuya casa fue blanco de atentado a tiros.
La abogada denunció que se vio obligada a cerrar todas sus redes sociales y las de sus hijos.
“Somos un blanco fácil para todas las personas que están sindicadas en estos procesos. Por cuestión de seguridad y como mamá, no fue un acto de cobardía (el cerrar las redes), fue un acto de amor para poder continuar esta batalla, pero continuarla viva”, expuso a Telefuturo.
Señaló los momentos de angustia que vivió junto a sus hijos. “Imaginate que me señalaban en qué vehículo se movía mi hija. A mi hijo le llegaron a cerrar el paso en la Costanera, dos salieron de sus lugares de trabajo”, lamentó.
Por último, manifestó que la Justicia “está en deuda aún en las demás investigaciones”.
Finalmente, la profesional hizo la denuncia ante el Ministerio Público por el amedrentamiento.
ESQUEMA. La Fiscalía había iniciado una investigación por la denuncia de que el Juzgado de Presidente Hayes operaba, al parecer, con el estudio jurídico de la abogada Zully Ortiz, quien en representación de la empresa Vanessa y Asociados SA, había presentado varias demandas.
Dicho estudio fue allanado en febrero y se encontraron 31 expedientes, que tendrían que haber estado en el Juzgado.
El fiscal Irán Suárez, quien llevó al comienzo la investigación, precisó que lo llamativo fue que todos esos originales se encuentren en la oficina.
“Verificados también los basureros, hemos encontrado providencias, cédulas de notificación, que podrían estar siendo confeccionados en este lugar. Entonces, son situaciones que llaman bastante la atención”, había expuesto.
Ahora, el caso está en manos de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos. Estos imputaron a la abogada Zully Ortiz.
También están procesados Julio César Paiva Krause y Mirtha Elizabeth Metel Ramírez, dueños de la firma Vanessa y Asociados.
La empresa supuestamente se dedicaba a la venta al por menor de artículos de electrodomésticos y electrónicos y deportivos.
Sin embargo, lo que hacía supuestamente era ofrecer créditos y habría perjudicado a víctimas, quienes fueron demandadas, con pagarés ya saldados o falsos.
DETENIDO. Julio César Paiva Krause, el dueño de Vanessa y Asociados SA, fue detenido la semana pasada. Contaba con dos órdenes de captura.
“INACCIÓN”
Las víctimas del supuesto esquema formado en Presidente Hayes ya denunciaron en reiteradas ocasiones la supuesta inacción de la Fiscalía en contra del ex juez de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira, y los actuarios, ujieres y oficiales de Justicia.
Este fue el sexto Juzgado intervenido por el Ministerio Público por supuestamente formar parte del esquema que recaudaba dinero del pago de notificaciones que en realidad no se hacían, en perjuicio de las víctimas.
