La profesional estaba siendo investigada por la Fiscalía de Villa Hayes, pero la causa pasó finalmente a la Unidad Especializada en Asunción.
Según la denuncia, en octubre de 2013, Ángela Zárate accedió a un crédito y firmó dos pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados SA, por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000.
Todo habría sido saldado en setiembre del 2015. Sin embargo, Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva, de la empresa, entregaron los pagarés a la abogada Zully Ortiz y demandó a Zárate en el 2020, en el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
La jueza Beatriz Olga Morán dispuso el embargo, con lo que se volvió a cobrar toda la deuda.
“Pese a la cancelación de la deuda, vía administrativa y luego judicial, nuevamente en agosto de 2022 Zully Ortiz habría promovido un juicio de reconocimiento de crédito ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval”, dice la imputación.
Allí, el juez de Paz Roberto Ferreira, “con el conocimiento de que los citados pagarés ya habrían sido ejecutados previamente, habría declarado la rebeldía de Zárate”, dice el Ministerio Público.
El caso terminó en octubre del 2023 con una sentencia de que Ángela Mabel Zárate debía pagar por tercera vez la suma de G. 7.200.000.
ESQUEMAS. Hasta el momento, el Ministerio Público imputó a cinco jueces de Paz de Asunción (una de ellas renunció), quienes estarían involucrados en la causa conocida como la mafia de los pagarés.
Se trata de los Juzgados de San Roque, La Catedral (primer y segundo turno), La Encarnación y Recoleta.
Estos magistrados supuestamente beneficiaron a empresas de cobranza que presentaban pagarés en juicios ejecutivos o acción preparatoria de juicio ejecutivos, buscando efectivizar pagarés falsos o ya saldados.
Los esquemas también contaban con la supuesta complicidad de actuarios, ujieres, porque las notificaciones a los deudores nunca se hacían y estos se enteraban de las demandas recién con los embargos y remates.
En total, se firmaron 781 resoluciones en donde las notificaciones eran falsas.
Las víctimas ahora solicitaron a la Defensoría Pública formar un equipo nacional de defensores públicos que puedan llevar los casos, atendiendo a todos los gastos que tuvieron las víctimas durante años de ser esquilmadas.
