Doña Lucía cumplió 75 años. Trabaja desde los 13, en el mismo lugar, un rinconcito del mercado donde vende yuyos. Heredó el espacio y el oficio de la madre. Su actividad comienza mucho antes de que salga el sol, preparando el mate para su vecino, Augusto, chofer de plataforma que le hace el favor de acercarla todos los días desde su barrio en Luque hasta la zona del mercado. Él apenas tiene 45, pero la diabetes lo avejenta. Van juntos al mismo puesto de salud, ella por pastillas para la presión alta, Augusto por insulina. A veces, los dos tienen suerte, la mayoría de las veces no.
Lucía sabe que deberá seguir haciendo lo mismo hasta que se la lleve La Parca. No tuvo hijos y su único sostén son sus clientes. Augusto tampoco se hace ilusiones. Con dos adolescentes en el colegio y uno comido por el crack está condenado a recorrer esas desastrosas calles urbanas todos los días, con la única excepción del primer viernes de cada mes que se queda en casa a recuperarse de la resaca del fútbol de los “exa”. Es consciente de que cada vaso de cerveza solo alimenta la enfermedad, pero es el único momento en el que logra sacarse de encima la abrumadora certeza de que deberá seguir haciendo exactamente lo mismo hasta que su cuerpo colapse.
Aunque pueden parecer muy distintos, Lucía y Augusto tienen cuatro cosas en común; dependen exclusivamente del dinero que consiguen en el día; gastan casi todo lo que ganan en alimentos, servicios básicos y transporte; con cada pago entregan obligatoriamente parte de su dinero a una organización creada supuestamente para atender sus necesidades y, forman parte de esa misma organización, aunque probablemente nunca fueron conscientes de ello.
Lucía y Augusto son para el aparato del Estado las piezas sobre la que se construye el poder. Toda la parafernalia pública carga sobre sus espaldas. Ellos son lo que se designa impersonalmente como “contribuyentes”. Cada guaraní que consigue Lucía vendiendo unas hojas de menta o Augusto esquivando baches sobre Avelino Martínez, y que termina luego en las cuentas del Ministerio de Economía, alimenta y sostiene la ficción del Estado. La verdad es que las Lucías y los Augustos son el Estado. El dinero del Estado, el aporte del Estado, la responsabilidad fiscal del Estado, la contribución del Estado no son más que eufemismos para hablar del dinero de Lucía, de Augusto y del resto de la población, gente que en su gran mayoría (más de la mitad) está en la misma situación que ellos; trabajan por cuenta propia, carecen de un seguro social que les de cobertura de salud, no tienen horario de trabajo ni vacaciones pagas ni aguinaldo y jamás podrán jubilarse.
En teoría, toda la aparatosidad pública se montó para darle a Lucía y Augusto educación, salud, calles y seguridad. Para eso les quitan su dinero. Para eso se supone que Lucía y Augusto votan gente que les represente en el Congreso, representantes que aprueben una Ley del Presupuesto que asegure que su dinero se usará para cubrir sus necesidades. ¿Pero funciona así?
¿Alguien le habrá preguntado a Lucía, que trabaja a sus 75 años, si está conforme con que se use su dinero para subsidiar la jubilación de personas que ni siquiera cumplieron 50? ¿Sabrá Augusto que parte de lo que le sacó Hacienda en los últimos años pudo ser parte de los seis millones de dólares que se paga hoy a jubilados del Congreso? ¿Le parecerá bien a él, que jamás podrá acogerse a una jubilación, que algunos de sus representantes se hayan jubilado con unos o dos períodos, y con pensiones de hasta 26 millones de guaraníes?
En estos días en los que se escucha tan a menudo a dirigentes gremiales y políticos hablar de la responsabilidad social del estado conviene recordar el dinero de ese estado es solo el dinero de más seis millones de Lucías y Augustos, personas que hasta hoy no han visto que su contribución obligada haya mejorado su calidad de vida. Si el beneficio es solo para unos pocos no es sensibilidad social, es solo un pillaje simulado.
