El comunicado fue emitido luego de la controvertida suspensión a la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, por unas expresiones emitidas durante sus funciones, y el intento de forzar el juramento de un cartista en su reemplazo en la Cámara de Diputados.
El comunicado que parte de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), cuyo responsable es el Secretario General, monseñor Amancio González, “exhorta a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el Estado de Derecho en la República del Paraguay”.
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En su comunicado, la CEP señaló que se considera oportuno compartir algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia, “con el objetivo de contribuir al discernimiento sobre las acciones de los que ejercen cargos de representación política”,
En el mismo sentido, el documento sostuvo que “una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”.
Asimismo, el pronunciamiento indicó que la democracia es fundamentalmente un “ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin. Además, se destaca que el “estado de derecho es soberano la ley y no a la voluntad arbitraria de los hombres”.
“Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. En esta perspectiva, la autoridad responsable ejerce el poder con espíritu de servicio, teniendo como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales”, expresó otra de las doctrinas citadas.
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La CEP recordó, en concordancia con la Doctrina Social de la Iglesia, que entre las “deformaciones del sistema democrático”, la corrupción política es una de las más graves, ya que compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados.
El comunicado de la CEP fue emitido con el objetivo de “contribuir al discernimiento sobre las acciones de los que ejercen cargos de representación política”, según señaló parte del texto.
La diputada liberal fue suspendida por 60 días, sin goce de sueldo, tras haber expresado que gran parte de los legisladores llegaron al cargo con la ayuda de dinero sucio. Para los expertos constitucionalistas, esto representa una violación a la inmunidad de palabra. La decisión fue ratificada por una aplanadora mayoría colorada y un liberal.
