Los sindicalistas de la EBY denunciaron que el pedido de reducción de salarios a G. 37 millones es antijurídico y niegan que los jugosos salarios sean privilegios, como manifestó el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En la nota, los sindicalistas mencionaron que todo lo acordado en el contrato colectivo, en cuanto a las condiciones de trabajo, constituye un derecho expresado en el artículo 5 del Código Laboral.
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Asimismo, recordaron que el contrato colectivo fue firmado y homologado durante la gestión del actual titular del Ejecutivo.
“Las leyes que hacen al trabajo son de orden público, lo cual significa que los derechos laborales, consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes, son irrenunciables, por lo que no pueden tocarse en detrimento de los trabajadores”, remarcaron.
En ese sentido, expresaron que los puntos mencionados son apenas “la punta del iceberg” de todos los instrumentos legales que hacen imposible, jurídicamente hablando, poder modificar el contrato del trabajador, sus derechos consagrados en la Constitución, en la Ley Laboral, en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el Tratado de Yacyretá y en los tratados y actos internacionales firmados y ratificados por Paraguay.
Así también, alegaron que no son funcionarios públicos, sino binacionales regidos por instrumentos jurídicos internacionales, como por ejemplo el Protocolo de Trabajo y Seguridad Social que es parte del Tratado de Yacyretá, a la vez de mencionar que sus salarios provienen del exterior y no del Presupuesto General de la Nación.
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“Al recortar el salario, se dejarían de introducir fondos a la economía nacional, pues los trabajadores de las binacionales somos simples pasamanos de estos billetes sanos del exterior hacia esa dinámica económica del país, por lo que la misma, de reducirse, afectaría considerablemente esta situación”, indicaron.
Entre otras cosas, sostuvieron que están conscientes de las necesidades del país, de trabajadores independientes y privados, por lo que entregaron un fondo de G. 2.250 millones al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que fue donado por los funcionarios, en el marco de la pandemia por el coronavirus (Covid-19).
“Usted dice que es por equidad que quiere hacer estos recortes. Nosotros creemos que esa equidad debe ser para bien de todos los trabajadores e ir aumentando el salario de los demás y no disminuirlos para mantenerlos siempre comiendo de la mano del capital, manejado por las grandes fortunas y grandes empresarios”, replicaron al presidente.
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De la misma manera, refirieron que la idea de bajar el salario de los funcionarios de las binacionales y públicos es solo una estrategia más o una cortina de humo para tapar hechos de corrupción, como el caso de las mascarillas de oro.
La nota de los sindicalistas de la Entidad Binacional Yacyretá fue firmada por Celso Espinoza, de Proeby; Juan Bonin, de Sifeby-Am; Nicolás Rojas, de Supeby-Asu; Humberto Monges de Sifproy; y Édgar Arias, de Yacyretá Sindical, aunque también mencionaron que cuentan con el apoyo de Sifeby, Sitpay-dt, Sinatray-Am Sitreby ENC, Sifprochy y Sitrenc.
Un grupo de sindicalistas de la Itaipú Binacional también se opusieron a los descuentos e incluso amenazaron con paralizar la hidroeléctrica, por lo que fueron imputados.
