La fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Nancy Salomón, en uso de sus facultades administrativas, dispuso la asignación de la causa presentada por la abogada Diana Vargas Núñez, en representación de la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores, a la agente fiscal Belinda Bobadilla.
La denuncia se formula contra abogados y funcionarios públicos sosteniendo que existiría un esquema vinculado con la denominada mafia de los pagarés, relacionado principalmente con operaciones de crédito otorgadas a funcionarios del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Ciencias Médicas a través de una asociación, por medio del cual los funcionarios accedían a créditos u operaciones comerciales y suscribían pagarés.
Lea más: Comisión de Mafia de Pagarés denuncia en Fiscalía un esquema organizado contra enfermeras
Sin embargo, las deudas habrían sido utilizadas en juicios ejecutivos promovidos incluso después de que las obligaciones ya hubieran sido canceladas, produciéndose embargos sobre salarios.
También se denuncia la posible duplicación o sustitución de títulos, utilización de documentos distintos a los originalmente suscriptos y notificaciones judiciales irregulares o “voladoras”.
La denuncia
Se habla de un esquema formado entre funcionarios de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y terceras personas que compraron los derechos de la Aso para demandar por deudas falsas. Con esto, una deuda ya pagada servía de base para sucesivos embargos y acciones judiciales contra la misma persona.
“Estas señoras fueron demandadas y hasta hoy tienen sus salarios embargados. Ellas fueron víctimas masivamente por hechos que, por un lado, involucran descuentos automáticos de sus salarios por operaciones que fueron multiplicados”, comentó Diana Vargas.
Desde la Comisión de la mafia de pagarés hicieron un relevamiento de cómo funcionó el esquema. Primero, se les descontaba todo lo que las enfermeras habían comprado desde Amuclin, y una vez terminados, la misma abogada de la Aso, Lourdes Aranda, era la que patrocinaba las demandas para ejecutar nuevamente los pagarés ya cancelados.
Entérese más: Piden investigar a seis jueces que tenían casos de pagarés
Los denunciados son Clara María Benítez de Caballero, la ex presidenta de Amuclin, quien recibía pagarés cancelados y que luego los habría vendido para demandar; la abogada Lourdes Rocío Aranda (ya acusada en otra causa), quien iniciaba los juicios. Esta última ayer increpó a una funcionaria de prensa del Poder Judicial antes de suspenderse su audiencia preliminar.
También se denunció a la pareja integrada por Julia Mabel Acosta Benítez (docente del Ministerio de Educación) y Fabio Ubaldo Molinas Saldívar (oficial de Justicia en los juicios), quienes adquirieron los derechos de la Aso y demandaron a más de cuarenta víctimas. El último en la lista es el abogado Carlos Enrique Lara.
Todos están denunciados por los hechos de estafa, asociación criminal, producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito.
Asimismo, se enviaron informes al Ministerio Público con respecto a los jueces Martín Diego Acosta Conde, Édgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate.
También se envió el reporte respecto a los ujieres sumariados Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú.
