A tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, no hay imputados sobre la autoría moral del crimen transnacional. Ante la falta de resultados de la Fiscalía, “cualquier hipótesis es válida”, advierte el criminólogo Juan Martens.
En esa línea surgieron varios nombres, pero ninguna vinculación está sustentada por el sistema de Justicia.
A pocos días del magnicidio ocurrido en Colombia, el 10 de mayo de 2022, la Fiscalía había allanado celdas de la Agrupación Especializada, donde estaban recluidas personas que eran investigadas por Pecci. Una de las hipótesis apunta a que los presos fraguaron un plan de venganza contra el “enemigo común” que los puso tras las rejas.
En el grupo se encontraba Kassem Mohamad Hijazi, encarcelado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El ciudadano brasileño de origen libanés fue extraditado a Estados Unidos mediados del 2022 y posteriormente liberado.
Por su parte, el colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, estaba recluido tras caer con más de 400 kilos de cocaína en Presidente Hayes.
Sin embargo, los presos considerados más peligrosos son Waldemar Pereira, alias Cachorrão, y Jaime Franco.
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El primero se encontraba privado de libertad por el crimen del periodista Lourenzo Veras, un caso que puso en vilo a todo el sistema de Justicia cuando el Tribunal de Sentencia lo absolvió y liberó habiendo incluso una alerta roja de búsqueda en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).
No era un preso común, teniendo en cuenta que además se lo vinculaba con el Primer Comando Capital y como un brazo importante del capo narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, conocido como Minotauro.
Con la filtración de los chats del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, se evidenció cómo operó el legislador con la jueza Carmen Silva para beneficiar a Cachorrão, quien actualmente se encuentra con paradero desconocido.
Por su parte, Jaime Franco, compadre y hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, cumplía con una condena por narcotráfico cuando en el 2020 el fiscal Marcelo Pecci y la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, encontraron en su celda de Tacumbú un laboratorio de cocaína y una gran suma de dinero que derivó en una nueva investigación y su traslado a la Agrupación Especializada.
El hombre habría sido alertado sobre el allanamiento realizado tras la muerte de Pecci, lo que supuestamente permitió que escondiera los teléfonos que tenía en su poder.
Todos habían sido investigados por el fiscal contra Crimen Organizado y coincidieron en el lugar de reclusión en el 2022. La hipótesis de que habrían planeado el asesinato se reforzó con las declaraciones de Cristian Turrini, condenado por enviar cocaína a Europa tras la investigación del mismo agente.
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El ex director de la TV Pública contó a Telefuturo que su celda también fue allanada tras el crimen y dio a entender que Jaime Franco tuvo participación en el hecho. Posteriormente, Turrini fue trasladado a la cárcel de Concepción por seguridad.
Actualmente, solo Franco permanece en la Agrupación Especializada, a pesar de las notas que presentaron las autoridades de la sede policial para trasladarlo, ya que sostienen que el sitio no es un centro de detención.
Marset y Minotauro
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó en febrero de este año al narcotraficante uruguayo y prófugo Sebastián Marset como el responsable intelectual del magnicidio.
En cuanto al interés que podría haber tenido, cobra relieve el antecedente de la incautación de avionetas de su socio, Miguel Ángel Insfrán en el aeródromo Arrayán, de la ciudad de Areguá, en octubre de 2020.
Tras el procedimiento, Insfrán utilizó la aeronave del entonces diputado y actual senador, Erico Galeano, para seguir operando.
El caso derivó en el operativo A Ultranza Py, una de las investigaciones más emblemáticas de la Fiscalía paraguaya.
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En el caso de Minotauro, las filtraciones de correos de Pecci mostraron que Brasil había pedido informes de carácter urgente relacionados con el narco que había sido detenido en el país vecino en el 2019.
Fiscalía no indagó a Cartes
El ex presidente Horacio Cartes fue nombrado por uno de los condenados del crimen y si bien la Fiscalía abrió una carpeta, nunca tomó declaración del político.
El abogado del líder del Partido Colorado, Pedro Ovelar, dijo que las declaraciones de Francisco Correa, beneficiado con un criterio de oportunidad en Colombia, solo intentaron desviar la atención de los verdaderos autores morales del homicidio de Marcelo Pecci. “No hemos participado en ninguna diligencia que pudiera ser necesaria la presencia del ex presidente y de nosotros también”, manifestó Ovelar.
Asimismo comentó que en este tipo de procedimientos se busca la motivación. “Marcelo nunca tuvo vínculos en el sentido de investigar al ex presidente, a su familia y empresas, no había ninguna cuestión que pudiera molestar a Horacio Cartes sobre el trabajo de Marcelo Pecci”, agregó.
Francisco Correa fue beneficiado por la Justicia colombiana a cambio de su colaboración, pero fue asesinado a principios de año en su celda.
El crimen organizado se va expandiendo por inacción
El sociólogo Carlos Peris sostiene que la impunidad hace que las personas que conforman el crimen organizado se sientan cada vez más libres de operar más allá de las fronteras sin miedo a ser castigadas.
“El crimen organizado en Paraguay amplió su rango de acción y lo que pasó con Marcelo Pecci es justamente eso, más allá de cualquier cuestión geográfica, eso no impidió asesinarlo”, manifestó.
Habló de una estructura mucho más organizada con redes en todas partes, donde tienen movimiento de capital y de tiempo mucho más disponibles y acelerados que los mecanismos legales.
“El narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas va a expandir cada vez más su rango de acción”, agregó sobre los efectos de la impunidad.
Asimismo criticó a la Fiscalía, de operar como un instrumento político, especialmente desde la década de 1990, en un contexto en que narcopolíticos dilatan sus causas con impunidad.
