SAN PEDRO
Un viaje de vacaciones o una escapada a la casa de un familiar pueden terminar en un inesperado adiós. Pasó en las fiestas de fin de año y, ahora, pasa en esta época de verano.
Las cifras de accidentes de tránsito con derivación fatal en las rutas nacionales se han disparado por las nubes. Y tiene como denominador común el pésimo estado del camino y la imprudencia.
Los baches que se extienden a lo largo de kilómetros son una “bomba de tiempo” que explotan al menor descuido de los conductores.
“Cada viaje significa perder la vida o dinero por los baches y roturas”, opinó Ernesto García, un empresario de la zona de San Pedro, mientras esperaba paciente la apertura del paso bloqueado por los pobladores, en repudio por el abandono y la desidia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Es inadmisible que una vía tan importante haya sido abandonada por tanto tiempo”, suscribió en alusión al tramo de 151 km de la ruta PY08 Dr. Blas Garay que une las ciudades de San Estanislao (San Pedro) y Azotey (Concepción).
Negligencia. En los últimos dos años, solo en el tramo señalado más arriba, fallecieron al menos 21 personas en percances ocasionados, en su mayoría, por el deterioro del camino, de acuerdo con denuncias de legisladores departamentales y organizaciones civiles. Muchos, al intentar esquivar los baches, invaden el carril contrario, generando choques frontales o despistes. A esto se suma que varios automovilistas no conocen la ruta y circulan a alta velocidad, sin imaginar el peligro que supone cada fracción del deteriorado asfalto. Según cifras locales, se registraron entre 100 y 120 accidentes con daños materiales y heridos. Y otro dato revelador, en un lapso de 22 días –entre julio y agosto de 2025– ocurrieron más de una veintena de percances arrojando siete fallecidos, solo en esa vía. El caso que más conmocionó a la ciudadanía fue la muerte de un joven médico junto a su madre, en un accidente ocurrido en la zona de Lima, el pasado 8 de enero. Todo esto aconteció, pese a la vigencia de una ley que declaró en Situación de Emergencia Vial a la ruta PY08, entre el Cruce 6.000 Defensores y Azotey. Aprobada en agosto de 2024 por Diputados, la norma encargaba al MOPC la gestión urgente para el recapado de esa vía que quedó sin mantenimiento desde hacía un año.
En ese tiempo, tras asumir la Presidencia, Santiago Peña, le cortó el contrato a la firma Proel Ingeniería SA, vinculada a su antecesor, Mario Abdo Benítez.
Tampoco adjudicó a otra empresa la reparación de esa ruta catalogada como la “columna vertebral del Norte”, en palabras de la ministra de Obras, Claudia Centurión.
Ante el aluvión de críticas y la indisimulable omisión incriminatoria del Gobierno, el MOPC desenredó la maraña burocrática que trababa la licitación de esos trabajos.
La ruta PY08 se transformó en un símbolo de la desidia del Estado y solo es el reflejo del abandono que sufren otras rutas, a lo largo y ancho del Paraguay.
