Para la Policía Nacional, el robo de teléfonos celulares dejó de ser una modalidad utilizada por la delincuencia común y ya forma parte del esquema del crimen organizado.
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen, reveló que la institución policial está haciendo una estrategia de combate para luchar contra el robo de teléfonos y otros elementos tecnológicos.
Cada año, se reportan de 6.000 a 7.000 teléfonos, según los datos que maneja.
Alarcón indicó que la industria va desde el hurto en la calle hasta la reparación, para luego distribuir y comercializar los aparatos por todo el país y también en el extranjero.
“Tenemos datos de que los teléfonos suelen llegar hasta México, es un mercado que está ahí y estas organizaciones hacen llegar a estos lugares”, expresó el jefe policial en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
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Los dispositivos de la marca iPhone son los más requeridos en el extranjero, según el uniformado. Estos salen de manera clandestina y los llevan primero a países limítrofes, luego a otros lugares más lejanos.
Una de las modalidades que está siendo más utilizada por la organización es la de hechos de robos y hurtos en eventos masivos.
“Mínimamente, la denuncia en conciertos grandes –que por lo menos acuden más de 2.000 personas– normalmente es de 10 a 15 teléfonos robados”, agregó Alarcón.
El martes, la Policía realizó la incautación de 176 teléfonos celulares marca iPhone, 39 partes de celulares, G. 96.000, USD 2.150, dos notebooks, mochilas y dos televisores que estaban en poder de un colombiano, en un hotel céntrico de Asunción.
Se sospecha de que el hombre forma parte de una organización dedicada a este ilícito.
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Se maneja que cada teléfono es revendido por un mínimo de G. 500.000 en el mercado interno, de ahí que los investigadores estiman que este negocio ilícito mueve alrededor de G. 3.500 millones cada año.
Según datos que maneja el Departamento de Cibercrimen de la Policía, alrededor de 12 personas denunciaron este año el robo de teléfonos celulares y posterior vaciamiento de cuentas.
Entre estos casos que manejan los intervinientes se habría producido un perjuicio de alrededor de G. 900 millones, por las transacciones realizadas tras el robo.
